El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó este lunes a la titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, a sus ex colaboradores Sergio y Pablo Schoklender y a un grupo de ex funcionarios públicos en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la aplicación del programa Sueños Compartidos, de construcción de viviendas sociales.

El magistrado los procesó por el delito de defraudación en contra de la administración pública y sostuvo que fueron responsables del desvío de más de 200 millones de pesos que debieron ser aplicados a la construcción de viviendas, según consta en el fallo de 552 páginas al que accedió esta agencia.

Entre los principales ex funcionarios procesados se encuentran el detenido ex secretario de Obras Públicas, José López, y su ex subsecretario, Abel Fatala, quienes fueron acusados de haber posibilitado la adjudicación de fondos públicos a la fundación que tenía como apoderados a los Schoklender.

Martínez de Giorgi sostuvo que Bonafini -a quien durante todo el fallo trata como Pastor, por su apellido de soltera- “conocía los desmanejos financieros que realizaban los apoderados de la Fundación (los hermanos Schoklender) que ella misma había instituido, y que, en tal sentido, al menos participó de esos quehaceres aprobando los irregulares balances de la institución”.

Sobre los hermanos Schoklender aseguró que, “en connivencia con funcionarios públicos nacionales, se valieron del ‘prestigio’ de la fundación en materia Derechos Humanos para conseguir los fondos públicos y gestionarlos de manera indebida sin despertar sospechas”.

Martínez De Giorgi explicó en el fallo cómo era “el circuito que han seguido los fondos enviados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas que fueron ilegítimamente apartados de su objetivo”.

Esta esa la descripción de la maniobra:

  • “En el marco de los convenios de financiación que tramitaran ante la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación se comprometió al Estado Nacional al aporte de 1.295.218.967 pesos para la construcción de viviendas, suma de la cual efectivamente se transfirió a las distintas jurisdicciones un total de 748.719.414,64 pesos”.
  • “Este último importe fue ingresado a las cuentas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo en razón de haber resultado adjudicataria de las obras”.
  • “Del análisis del giro de los fondos asignados, se observó que la suma de 206.438.454,04 pesos no se encontraba asociada a gastos relacionados con la construcción de viviendas, sino que, por lo contrario, había tenido como destino: a) empresas agropecuarias, b) personas físicas y jurídicas vinculadas a estas actuaciones, c) pagos frecuentes a personas físicas, d) empresas bursátiles, financieras, cooperativas y mutuales, y e) pagos a funcionarios públicos”.
  • “El período en que esta operatoria tuvo lugar coincide temporalmente con numerosas transacciones en las que se han visto beneficiados los encartados y las empresas con las que guardan vínculos, sin que exista otra causa que las justifique”.
  • “Cabe aclarar que esa comprobación ha sido solamente parcial debido a que en los casos en los cuales las operaciones de colocación de ese dinero se realizó a través de empresas bursátiles y financieras, la misma mecánica de la maniobra ha permitido, en muchos casos, borrar su rastro, invisibilizando de ese modo su concreto destino”.

(Fiente: La Voz del Interior)

(Foto: Diario Uno)