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Arranquemos por el nombre, que ya de por sí genera ruido. «Súper Niño» no es un invento de titulares alarmistas: es la forma coloquial de nombrar un episodio de El Niño de intensidad excepcional, cuando el Pacífico ecuatorial se calienta muy por encima de lo normal. Y esta vez los números asustan un poco a los propios meteorólogos: la anomalía llegó a niveles que, según los modelos, podrían ubicar a este episodio entre los más fuertes desde que hay registro, comparable con los de 1997-98 o 2015-16.
Ahora bien, ¿por qué esto no solo importa por los posibles desplazados y su efecto podrá sentirse en toda la economía?
Primer punto: el clima ya se convirtió en una variable económica, no solo meteorológica. El propio Poder Ejecutivo lo incorporó así en la Rendición de Cuentas que está a estudio del Parlamento: el texto reconoce que los fenómenos hidrometeorológicos —sequías e inundaciones— pegan directo sobre el agro y la energía, generan impactos sobre los hogares y la infraestructura, y presionan las cuentas públicas. No es un dato menor: hablamos de un país que hace pocos años, durante la sequía de 2023, tuvo que declarar emergencia hídrica en Montevideo. El otro extremo del péndulo —las lluvias excesivas— también tiene precio, y ese es el escenario que empieza a mirarse ahora para la primavera.
Vamos al campo, que es donde primero se siente.
La buena noticia, en principio, es que Uruguay está del lado «húmedo» del fenómeno. A diferencia de otras zonas del planeta que van a sufrir sequía, acá los pronósticos —de Inumet, de consultoras internacionales como Hedgepoint o Metsul— coinciden en que la región (Uruguay, el sur de Brasil, el norte de Argentina) va a recibir lluvias por encima de lo normal a partir de la primavera. Eso, en teoría, favorece los rindes de soja, maíz y trigo. Bancos como Citi ya ajustaron al alza sus proyecciones de cosecha para la región.
Pero —y este pero es importante— más lluvia no es sinónimo automático de más dólares. Ahí está el trabajo fino que hacen los economistas del agro: importa muchísimo cuándo caen esas lluvias. Si llegan en el momento justo del ciclo del cultivo, el rinde mejora. Si se concentran en la cosecha, generan pérdidas de calidad, atrasos logísticos y hasta anegamientos. Y hay un tercer factor que muchas veces se pasa por alto: si Argentina, Uruguay y el sur de Brasil tienen todos una buena zafra al mismo tiempo, la mayor oferta regional de granos puede presionar los precios internacionales a la baja. Es decir, Uruguay podría terminar exportando más toneladas, pero no necesariamente recibiendo más dólares en la misma proporción.
El otro canal, el que menos se habla, es la energía.
Uruguay depende en buena medida de la generación hidroeléctrica, y ese es justamente un sector sensible al régimen de lluvias. Un año más lluvioso puede ser una buena noticia para las represas —más generación limpia, menos necesidad de importar energía cara— pero también trae el riesgo del otro extremo: crecidas de los ríos, como las que históricamente golpearon a departamentos del litoral, con el antecedente del Niño de 1997-98 todavía presente en la memoria de Paysandú, Salto o Artigas. El Sistema Nacional de Emergencias ya está trabajando en los protocolos y prevé presentar un plan de acción en el correr de agosto.
¿Y en los precios de los alimentos?
Acá el fenómeno es global, y por eso complejo. El Súper Niño puede generar lo que algunos analistas llaman un «shock de oferta» para las economías emergentes: afecta simultáneamente la producción agropecuaria, la generación hidroeléctrica y hasta la logística en distintas regiones del mundo. Si zonas productoras clave —pensemos en el sudeste asiático para el arroz, o en el centro de Brasil para la soja— sufren sequía mientras acá llueve de más, el resultado neto sobre los precios internacionales de los alimentos es incierto: puede haber suba por faltantes en otros lugares, aunque acá la cosecha venga bien.
A esto se suma que ciertas hortalizas y frutas pueden verse impactadas por el exceso de lluvias, eso llevar a una menor oferta y por ende a una suba de precios.
Y acá llegamos a lo más fresco, porque esto se movió literalmente en las últimas horas.
El propio gobierno terminó de blindar —al menos financieramente— su respuesta. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, anunció que Uruguay cerró acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la CAF para acceder a créditos contingentes por 750 millones de dólares, específicamente destinados a atender los efectos de El Niño. ¿Cómo se reparte esa plata? 300 millones estarán disponibles ya en 2026, y los otros 450 millones en 2027. La clave de la palabra «contingente» es esa: no es plata que el país gasta ahora, es una línea de crédito preaprobada, lista para activarse si es necesario. Es, en los hechos, un seguro financiero: Uruguay paga por tener la certeza de que, si las cosas se ponen feas, el financiamiento va a estar disponible sin tener que salir a golpear puertas en medio de la emergencia ni pagar tasas de pánico en el mercado. Y hay un dato político que vale la pena subrayar: el director de la OPP, Rodrigo Arim, remarcó que es la primera vez que el gobierno uruguayo negocia este tipo de créditos de manera preventiva, antes de que llegue el fenómeno, y no después del desastre.
¿Y por qué el gobierno se movió con esta urgencia? Porque el propio Sánchez puso números arriba de la mesa que asustan: el escenario que manejan las autoridades habla de hasta 25.000 personas desplazadas y más de 5.000 evacuados, con lluvias que podrían llegar a los 500 milímetros en 30 días. Para dimensionar eso: Uruguay recibe en promedio 1.200 milímetros de lluvia en todo un año. Y marcó un cronograma: el fenómeno empieza a pegar desde setiembre, con picos en noviembre y diciembre, baja en el verano por las temperaturas altas, y repunta de nuevo en marzo y abril, con abril señalado como el mes de escenario más complicado.
En el plano institucional, el gobierno está armando un protocolo de atención específico, coordinado con los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales, los famosos Cecoed, que son la bajada territorial del Sinae en cada intendencia. La idea es tener protocolos revisados y mecanismos de alerta temprana activos antes de que arranque la temporada crítica. A eso se suma el propio Parlamento: hay partidas específicas incluidas en la Rendición de Cuentas que todavía tienen que aprobarse, pensadas justamente para complementar esta respuesta.
Y el propio secretario de Presidencia fue bastante directo con el tono: dijo que «estamos en un escenario difícil que va a impactar en las viviendas, en el trabajo, en el turismo y en la vida social de los uruguayos”.
Entonces, ¿vamos a un escenario positivo o negativo para la economía uruguaya?
La respuesta honesta, la que dan los propios técnicos consultados, es: depende. No depende del fenómeno en sí, que ya está en marcha y es prácticamente inevitable, sino de cómo se administre. Depende de si las lluvias llegan escalonadas o todas juntas. Depende de si el resto de la región tiene una cosecha simultánea o no. Depende de si el gobierno logra anticiparse con los protocolos de prevención en zonas inundables, en lugar de improvisar sobre la marcha. Y depende, también, de una variable que no controla nadie en Uruguay: lo que pase en los mercados internacionales de commodities mientras tanto.
Lo que sí está claro es que, a diferencia de un terremoto o una ola de calor repentina, el Súper Niño es de los pocos fenómenos climáticos que se puede prever con meses de anticipación. Esa ventana —dicen los propios organismos internacionales— es la que separa a los países que reaccionan de los que se preparan.
Habrá que ver, entre septiembre y enero, si la teoría se cumple.
