El Ministerio de Salud Pública convocó para este jueves a una “reunión urgente” de la Junta Nacional de Salud para evaluar nuevas medidas tras la estafa millonaria al FONASA. La reunión fue solicitada por Yamandú Fernández, representante de las mutualistas en la Junta.
Días atrás, la directora del BPS, Rosario Oiz, admitió en Fuentes Confiables que es muy difícil para la Justicia comprobar que las mutualistas estén detrás de la intermediación lucrativa para atraer nuevos afiliados, dado que termina siendo “palabra contra palabra”.
En las últimas horas, la Cámara de Industrias y Empresas de Salud, la mutualista Médica Uruguaya y la Federación de Prestadores Médicos del Interior emitieron un comunicado en donde dijeron que colaborarán con la Justicia para esclarecer estos hechos e “identificar a los responsables”. Los prestadores afirmaron que «lamentan profundamente la maniobra fraudulenta”.
En ese comunicado, las mutualistas informan que concurrirán a la reunión de este jueves con la intención de «proponer la conformación de un ámbito de trabajo específico en el cual se analicen estrategias y propuestas que impidan la realización de cualquier maniobra futura en perjuicio del Fonasa».
Las instituciones consideran que debería conformarse un ámbito específico para analizar modificaciones al sistema que lo blinden ante futuras maniobras similares.
En el comunicado, las empresas utilizaron la oportunidad para cuestionar la existencia del denominado «corralito mutual». Al respecto, reivindicaron «el derecho a la libre elección de los usuarios y la potestad de asistirse en los servicios de salud que mejor atención provean a sus necesidades, convicciones y valores personales».
En efecto, las mutualistas rechazaron «cualquier tipo de acción que atente contra la libre elección del prestador de salud por parte de los usuarios».
Mientras tanto, la jueza Julia Staricco procesó a tres personas más por la estafa al FONASA. Los procesados estaban vinculados a una empresa de promoción denominada “SMS”, que entre otras cosas realizaba afiliaciones para el Círculo Católico. Uno de los procesados es el propietario de la firma, quien también se desempeñaba como «supervisor» en la mutualista.
