Fuentes Confiables investigó sobre dos leyes que se cruzan en cuanto a los efectos sobre la población, los derechos humanos y la producción agropecuria.
Se trata de la Ley de Riego y la disposición constitucional sobre el derecho al acceso al agua.
La Ley de Riego establece una serie de sistema y posibilidades para que los productores puedan hacer eficiente su producción con acceso al agua en la agricultura y la ganadería. La ley se modifica para que los privados acaparen y vendan agua, lo que según se denuncia es inconstitucional. La modificación implica no solo acumular agua de lluvia, sino también en represas que realicen varios productores en forma conjunta lo que violaría lo establecido en la carta magna.
Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, Nicolás Ferreira, explicó que impulsan la creación de un Ministerio del Agua que regule todos estos temas, ya que el MGAP no lo encara debidamente. La Facultad de Ciencias también se opone porque afirma que la reforma de la ley no establece la definición y cuidado de la calidad del agua.
Por su parte, Daniel Garín, Ingeniero Agrónomo, legislador del MPP, es uno de los impulsores de la reforma de la Ley de Riego afirma que en la misma se da la concesión de uso del agua contra un proyecto de riego, lo que despeja la sospecha de inconstitucionalidad. Se busca dar los permisos de uso del agua para un determinado proyecto de riego. Se garantiza el uso del agua que sigue siendo propiedad del Estado. Permite regar pero sin afectar el acceso al agua por los ciudadanos.
El proyecto está en la Cámara de Diputados para su aprobación. Tabaré Vázquez ya ha dicho que se debe cuidar especialmente este recurso. Se espera su aprobación posiblemente para este mismo año. Hay un Decreto vigente desde Junio que fija el Plan Nacional de Aguas que también ha tenido objeciones y merecerá otro capítulo.
Aquí la columna completa con Lucía Betancur y los protagonistas:
