El jueves pasado fue el Día Mundial del Agua y se realizó una marcha por 18 de julio contra la Ley de Riego. La Federación de Funcionarios de Ose iniciaó en diciembre una campaña de recolección de firmas para proponer la derogación de la Ley de Riego, que se considera inconstitucional porque permite la participación de inversores privados en la construcción de represas.
Tendrán que juntar el 25% del padrón electoral: 700 mil firmas antes del 27 octubre de este año. El dirigente del sindicato de OSE Gustavo Ricci dijo que la campaña cuenta con el apoyo del PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y FUCVAM y se puede firmar en cualquiera de los locales sindicales y puestos ubicados en lugares céntricos y de aglomeración de gente. A mediados de abril se realizará la primera evaluación para conocer el número de firmas que se recolectaron.
Además del plebiscito para derogarla, se presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia por considerar la Ley de Riego violatoria del artículo 47, porque permite la participación de inversores privados en la construcción de represas y el cobro de un canon por parte de los privados para su distribución. En 2004 el 64% de la ciudadanía votó a favor de que el agua sea administrada exclusivamente por el Estado.
La posición a favor: se hará valer el concepto caudal ambiental que asegura el cuidado y mantenimiento del suministro de agua a los usuarios en una cuenca hídrica. El agua seguirá siendo del Estado pues los proyectos que los aspirantes a regar presenten los autorizará el Estado bajo determinadas condiciones. Aumentaría la producción agropecuaria con el incremento del uso del agua a través del riego consiguiendo mayores rendimientos para lograr una estabilidad productiva y social de la actividad agropecuaria. Mejoraría la regulación del movimiento del agua en las cuencas, por ejemplo, cuando hay excesos reteniéndola o cuando hay sequías, regulando su tránsito por la cuenca hidrográfica.
Ricci señaló que existe una ley de 1978 que obliga al Estado a cobrar un canon por embalsamiento del agua y nunca se ha cobrado. “No es un problema de esta administración, únicamente”, señaló Ricci quien reconoció que este gobierno “ha intentado poner el tema arriba de la mesa, pero las acciones que ha anunciado no han tenido mucho resultado”.
Denuncian que las obras se realizarían en el inicio de la cuenca, eso perjudica al resto del caudal y de los productores. La ley establece que además de realizar obras hidráulicas para utilización individual o de terceros, se podrá emplear en sistemas de riego y generación de energía eléctrica, eso es visto de forma negativa porque genera una mercantilización según el dirigente.
Proponen la creación de un Ministerio de Hidrología que tenga las competencias técnicas y jurídicas sobre el agua, el suelo y los territorios y que OSE esté dentro de este ministerio. “En el Estado hay innumerables unidades ejecutores que tienen incidencia en el tema agua. No hay una unificación de criterios sobre la política del agua. Este gobierno y los próximos que vengan van a tener que unificar esas unidades para que los planes sean eficientes”.
El proyecto señala que se sumará la previsión del control sobre las obras hidráulicas para que por éstas no se afecte la calidad de las aguas. Ricci dijo que hace mucho tiempo que el Estado está omiso en relación a controles y que el resultado de hoy es que “las principales cuencas del país están en un nivel de deterioro muy importante, por la actividad agropecuaria, industrial y fundamentalmente por la ausencia del Estado en el cumplimiento de su rol controlador”.
Aquí el informe completo de Lucía Betancur para Fuentes Confiables con las declaraciones de Ricci:
