El Poder Ejecutivo modificará la propuesta de reglamentación de ley de riego, aprobada por el Legislativo en diciembre, en base al borrador de dos decretos. Lucía Betancur realizó un informe para Fuentes Confiables con todos los detalles.
Uno de ellos, redactado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que define el concepto de caudal ambiental (que asegura el cuidado y mantenimiento del suministro de agua a los usuarios en una cuenca hídrica).
El otro, redactado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que precisa algunos aspectos de la ley, por ejemplo, el proceso de otorgamiento de los permisos a través de las Sociedades Agrarias de Riego (SAR).
Para esa modificación el Poder Ejecutivo abrió una consulta pública donde en 10 días se recibieron aproximadamente 70 aportes, dijo a Fuentes Confiables el director nacional de Aguas, Daniel Greif y que se están sistematizando, para “en las próximas semanas sacar una versión ajustada del decreto para proponer al Ejecutivo”.
Aquí las declaraciones de Greif:
Greif explicó que muchos comentarios que llegaron apuntan a señalar la inconstitucionalidad de la ley de riego, en lugar de analizar el decreto reglamentario, otros señalan que no está claro en el decreto cómo se constituyen las asociaciones de regantes y cómo se dan mutuas garantías de que se va a cumplir con lo pactado.
Al ser consultado por qué se dejaron pasar 6 meses desde la vigencia de la ley para analizar reglamentar estos decretos, dijo que como es una ley que implica varios Ministerios conlleva coordinación y un proceso que ahora se puso en consulta.
En conclusión, estas modificaciones aclarará la polémica sobre la autorización ambiental que habilita la creación de asociaciones de regantes pero todavía no se conocen grupos inversores externos que estén interesados en desarrollar infraestructura de riego. Por otro lado, no cambiará la definición de caudal ambiental, sobre este punto hubo propuestas para aumentarlo y otras para disminuirlo. El gobierno optó por mantener el criterio fijado de 60% de probabilidad de excedencia en cada mes en el caso de los embalses y 80% de probabilidad de excedencia en el caso de las tomas de agua.
