El expresidente brasileño fue sentenciado a 12 años y 11 meses de prisión. El tribunal de primera instancia de Curitiba estimó que se había beneficiado de reformas en una hacienda en Atibaia a cambio de obtener contratos en Petrobras.
Lula ya cumple condena desde abril de 2018 por otro caso de corrupción después de que la Justicia comprobara que recibió un apartamento en una playa de Sao Paulo a cambio de sobornos.
La jueza federal Gabriela Hardt consideró en la nueva causa que el ex mandatario se benefició de obras por cerca de un millón de reales (271.000 dólares) que tres empresas, Odebrecht, OAS y Schain, hicieron en una casa de campo en Atibaia, municipio en el interior del estado de Sao Paulo.
La casa está a nombre del empresario Fernando Bittar, un antiguo amigo de la familia de Lula, quien la cedió temporalmente al expresidente en 2010 para que pudiera disfrutarla con su familia.
Según la Justicia, pese a no ser el propietario de la casa de campo, el líder del Partido de los Trabajadores se benefició ilegalmente de las reformas por parte de empresas que fueron favorecidas con contratos enlazados con Petrobras.
