La cláusula define que la empresa finlandesa podrá retirarse de nuestro país, dejar de lado la inversión cuando lo crea necesario, aunque sin el pago de multa alguna.
El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, dijo que no se dedica al proceso jurídico; “tengo que atender el desarrollo de la infraestructura”, expresó. Y agregó que hay quienes manifiestan preocupación por consecuencia de inversiones, “preocupación si crece, si invierte, si se van (en alusión a UPM)”.
Rossi prefiere “no entrar a discutir elementos de detalle”, cuando se está ante la iniciativa de tal magnitud. La cláusula en cuestión, “tiene menor importancia”, aseguró este jueves en rueda de prensa.
La cláusula 4.2.2.2 del contrato establece que UPM “podrá notificar por escrito la finalización del contrato por razones de conveniencia y a su entera discreción. Comunicándolo por lo menos con un año de anticipación”.
Prosigue: “si no avisa un año antes hay penalidades: UPM no tendrá derecho a recuperar los costos por servicios externos del ferrocarril (de hasta 5 millones de dólares). Además, Uruguay revocará todos los derechos y beneficios otorgados a UPM (…) Incluyendo las autorizaciones de la zona franca de UPM Fray Bentos S.A., y otros beneficios tributarios.
El secretario de Estado explicó que las inversiones son importantes y cualquier intención por parte de UPM, de retirarse, “significa un conjunto de consecuencias para la empresa no favorables”.
