El fiscal de Corte, Jorge Díaz, aseguró que la cifra de casos por corrupción que llegan a la Justicia es baja la tendencia no se registra un aumento. Explicó que la Fiscalía no tiene competencia para actuar cuando el delito está en marcha.
Ricardo Gil Iribarne, Jorge Díaz, Néstor López, Danubio Cruz disertaron acerca de la responsabilidad del contador frente a las nuevas exigencias en prevención del lavado de activos. La instancia fue organizada por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU), bajo el título: “Visión desde los organismos del estado: la responsabilidad del contador frente a las nuevas exigencias en prevención del lavado de activos”.
El actual fiscal de Corte, Jorge Díaz, habló sobre la tipificación de los tipos de delito de lavado de activos; de la situaciones en las que un contador, ejerciendo su profesión, puede cometer un delito de lavado de activos; de los procesos de una investigación y acusación fiscal que involucren como indagado a un contador público; y sobre la defraudación tributaria.
Sobre el lavado de activos y la defraudación tributaria, Díaz señaló que son muy pocos los casos que llegan a la Justicia y no han aumentado. Explicó que aun así, como fiscal no tiene la competencia para actuar previo al ilícito.
“No es nuestra especialidad, no trabajamos en eso”, expresó. Aclaró que surge cuando se investigan otras causas y se dispara una investigación por lavado de activos. “Nosotros somos como el bombero. Nos llaman cuando está el incendio y no intervenimos antes porque no tenemos ninguna competencia”.
Díaz explicó cómo se trabaja a nivel de Fiscalía con los diferentes casos y las tareas de fiscales. Indicó que se priorizan en función de la gravedad de impacto que tienen sobre la situación de la víctima. Tras esa consideración se asignan los recursos materiales y humanos, a través de una matriz de priorización.
Díaz citó como ejemplo un hurto flagrante en Ciudad Vieja que un caso de lavado de activos como el Caso Balcedo, el empresario y sindicalista argentino.
El fiscal de Corte hizo referencia a la nueva opción que otorga el Nuevo Código de Proceso Penal, puesto en funcionamiento en noviembre de 2017. Se puede llegar a un acuerdo preparatorio o proceso abreviado pero “la sociedad queda enojada en estos casos”.
Dijo que la ciudadanía se enoja porque los delincuentes roban dinero y no se los formaliza con prisión. Responde a un acuerdo que llega la víctima con el victimario, que le permite cobrar lo dañado y no seguir adelante el proceso judicial.
Aclaró que en estos casos de proceso abreviado, tal como se le denomina, los fiscales no están autorizados a pactar libertad vigilada, sino que deben solicitar proceso de pena.
Ricardo Gil Iribarne, de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), expuso sobre la transparencia ante la ética en el lavado de activos y el alcance de la ley para los profesionales dependientes del Estado.
En Uruguay hay “pocos casos, tenemos delitos y delincuentes”, planteó Iribarne. Agregó que “corruptos hay en todos lados y en todos casos hay corrupción”. En nuestro país “hay pocos lavado de fondos provenientes de la corrupción”.
Hay dos grandes posiciones sobre el abuso de funciones: derogar o se cambiarlo. “Porque los que decíamos que no hay que derogarlo pensamos que no está bien definido y sigue estando tal como está”, sostuvo Iribarne. Y criticó que el tema se discute desde la política partidaria y no desde lo legal.
Sobre el enriquecimiento ilícito, agregó que en el Senado se aprobó una ley este quedó para atrás y aún sigue faltando.
Sobre las investigaciones a nivel de la JUTEP, Irirbarne explicó que por tarjetas corporativas informó los puntos que fueron violados, vinculado a Ancap. “En Alur dijimos lo mismo, el fiscal dijo no se puede aplicar porque no es un funcionario público”. Aseguró que no siempre el resultado tiene que ser el mismo, entre la vía penal y la administrativa.
Imagen y confianza
En temas relativos a la confianza del funcionario público, destacó el código de ética que tiene Argentina. “Hay que evitar las acciones que pongan en riesgo la imagen que tiene la sociedad, respecto a sus servidores. Tenemos la obligación de pensar en el ciudadano”.
Expresó que los funcionarios deben operar con transparencia y olvidar que es “para cuando yo quiero”, sino que debe ser una práctica constante. Iribarne confía en que “estos temas se van a empezar a dilucidar cada vez más”.
“Yo tengo la sensación que todo el tema del lavado se viene, va a haber mayores castigos para las empresas y mayores benéficos para los que operen bien”, indicó.
Por su parte, el contador Néstor López del Banco Central del Uruguay, por su parte, se refirió a la exigencia en los reportes de operaciones sospechosas y su papel en el sistema de prevención de lavado de activos.
Danubio Cruz de SENACLAF, expuso sobre la proyección hacia el futuro: régimen de supervisión y sancionatorio de la SENACLAF respecto a los APNFD, el proceso de ajuste de la normativa, modos de relacionamiento entre APNFD y el SENACLAF y nuevas normas previstas. Y el estado de la situación actual de los APNFD ante la SENACLAF: inscripción, fiscalización, sanciones.
