Según el sector de Canciller, y candidato a intendente de Cerro Largo,  Rodolfo Nin Novoa y la Ministra de Turismo Liliam Kechichian la Corte Electoral resolvió cambiar las reglas de juego para las elecciones de los Municipios a realizarse en medio del ciclo electoral.

La resolución del organismo indica que dirigentes que participaron de las elecciones internas por un partido podrían ser candidatos a alcalde o concejal por otro partido.

En una declaración publica Alianza Nacional indica que la Corte Electoral resolvió «cambiar las reglas de juego para las elecciones» y que parece «ser parte de la generación de un traje a medida» en referencia a la coalición multicolor.

La situación también es comparada  con la reforma electoral de 1996, cuando se creó el balotaje, argumentando que también «cambiaba las formas con el objetivo de impedir la llegada al gobierno de las fuerzas progresistas».

«La diferencia es que aquella fue validada por la ciudadanía en un plebiscito y esta fue decretada por la Corte Electoral en el medio del ciclo electoral. Ahora parece que quisieran favorecer a algunos caudillos locales», explica el sector frenteamplista.

Declaran además que «la democracia republicana y representativa se sustenta en la existencia de partidos políticos fuertes y únicamente la existencia de estas condiciones es la que permitirá mantener la categoría de democracia plena de la que gozamos en la actualidad. Facilitar el continuo cambio de partidos políticos de los dirigentes implica un debilitamiento de las organizaciones que nunca es conveniente y que en el actual contexto latinoamericano parecería que hay que tener aun más cuidado. Esta resolución debilita mucho a todos los partidos políticos, convirtiéndolos en una organización descartable, que se usa y tira según la conveniencia».

En resumen, Alianza Progresista consideró «absurdo e inmoral» que la Corte haya adoptado esta decisión porque cambia las reglas del juego en pleno ciclo electoral y porque debilita a los partidos políticos. Por este motivo, los progresistas piden que se «revoque la resolución».

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