Se trata de la violación del derecho constitucional a la “Libre Expresión del Pensamiento”.
Dicha denuncia es por la circular que el Codicen emitió el 20 de mayo. Se mandata a las diferentes reparticiones de la administración a desarrollar acciones «a fin de asegurar el respeto irrestricto de los principios rectores de la educación pública, en particular el de laicidad, así como la prohibición de realizar proselitismo de cualquier especie».
Además, se especifica que se mantiene «en todos sus términos» la resolución de junio de 2019 estableciendo que «los Consejos de Educación y de Formación en Educación adopten las medidas necesarias para el retiro de toda cartelería que atente contra los principios rectores de la educación».
Según la Federación, este acto administrativo pone en riesgo los de derechos de base constitucional como lo es el Derecho a la Libre Expresión del Pensamiento. A su vez, sostienen que dicho acto dispone la realización de acciones sin la precisión adecuada y en términos genéricos.
