En la columna de género Carolina Notalgiovanni profundiza sobre el proyecto de ley de la tenencia compartida, las campañas y críticas en contra.
Es un tema que desde hace varias semanas está sobre la mesa con defensores y detractores, Cabildo Abierto por un lado y el Partido Nacional por otra parte presentaron sus propuestas y a raíz de una serie de críticas ese proyecto se unificó y aún esta en discusión en el parlamento con algunos ajustes que hubo en el camino.
Hoy día lo que ocurre es que la tenencia compartida está planteada en el art. 34 del Código de la Niñez y la Adolescencia, este proyecto de ley lo que busca es modificar ese y otros artículos que lo que dice básicamente es que los casos en que los padres no se pongan de acuerdo en cuanto a la tenencia de los hijos, cuando hay un divorcio o una separación, lo tiene que resolver un juez de familia, que es lo que ha ocurrido hasta el día de hoy.
Una de las críticas más importantes que ha recibido este proyecto es que por un lado la tenencia compartida sea la regla, osea no en los casos que la familia no se pongan de acuerdo van al juzgado sino que la tenencia compartida es la regla y a partir de eso la madre o padre que no esté de acuerdo podría apelar. Este punto ha recibido críticas de organizaciones sociales, del INAU, del propio comité de los derechos del niño, las mujeres de la coalición de gobierno como Carmen Sanguinetti y Ana Ribeiro Subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura.
El proyecto de ley recibe críticas por varios lados porque se entiende que se deja al niño en una situación de vulnerabilidad ante posibles hecho de violencia, abusos y de más, y que en realidad si se va a plantear un proyecto de estas características lo que tiene que estar en el centro es el interés superior del niño y su bienestar, más allá de los intereses o reclamos legítimos que puedan tener los padres o las madres.
Otra crítica que se le hace al proyecto es que en los casos que exista denuncia de violencia, acoso, ya sea hacia la madre o al padre se mantenga el régimen de visitas de manera controlada o con medidas cautelares hasta tanto el juez resuelva una sentencia final. El argumento es que los padres o madres que son presuntamente denunciados de forma falsa no pierdan el contacto con sus hijos hasta tanto el juez no resuelva.
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