Esto se debe a que los delitos denunciados prescribieron, el plazo para que se considere prescripto es de diez años.
En 2018, legisladores presentaron una denuncia sobre posibles actos de espionaje, pero la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos decidió archivarla a pesar de afirmar que “es contundente la evidencia obtenida en cuanto a que se efectuaron acciones irregulares e ilícitas de espionaje desde 1985 y en principio, hasta el 2005, por agencias de inteligencia del Estado”. Los delitos prescribieron en 2015.
Los objetivos del espionaje fueron los partidos políticos y sus respectivos líderes y partidarios, movimientos populares, sindicatos y organizaciones sociales. El fiscal, Enrique Rodríguez, describió que esa “tarea se desarrolló mediante seguimientos, infiltraciones en sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos, y otros organismos; escuchas mediante captación de comunicaciones telefónicas; ingreso ilegal a domicilios, locales u otros inmuebles y fluido intercambio de información proporcionada por otras personas a las que se les pagaba por ese “trabajo”.
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