La estimación fue brindada por el senador Jorge Gandini del Partido Nacional, quien dijo que la firma «nunca gasificó ni un metro cúbico».
En el proyecto aprobado se transfieren los activos y pasivos de la firma a las dos empresas públicas que son sus accionistas (UTE 79% y Ancap 21%), las cuales serán “sucesores a título universal” de la firma en disolución.
La iniciativa exonera a las dos empresas públicas de pagar eventuales deudas que se generen por Gas Sayago con la Dirección General Impositiva, Aduanas y la Administración Nacional de Puertos.
El Frente Amplio voto el proyecto de liquidación considerando que la planta regasificadora fue un proyecto inmerso en el cambio de matriz energética, que no prosperó, según dijo el senador Enrique Rubio.
