El presidente Luis Lacalle Pou firmó este jueves el veto parcial al proyecto de ley para cubrir los créditos laborales de exfuncionarios de Casa de Galicia. Fueron tres los artículos vetados, de un total de siete, «por razones de constitucionalidad y conveniencia».
El texto señala que el proyecto aprobado viola dos artículos de la Constitución, el 8 que establece el principio de igualdad. El Poder Ejecutivo entiende que se aplica «en forma desigual y discriminatoria, favoreciendo a un grupo de trabajadores, en perjuicio del resto» de los trabajadores privados el Fondo de Garantía de Créditos Laborales en el ámbito del Banco de Previsión Social, previsto en la ley 19.690.
También se entienden que la normativa viola el artículo 86 de la Constitución al disponer el pago «en forma breve y perentoria (en un único pago dentro de los 180 días de promulgada la ley) y sin contemplar el flujo de ingresos del fondo». Eso llevará al desfinanciamiento y la necesidad de integrar el mismo con fondos del Tesoro Nacional «por un monto y plazo indeterminados y sin que se establezca con qué fondos serán cubiertas dichas erogaciones».
Por otra parte, el veto incluye una propuesta sustitutiva a través de la que propone crear un «fondo especial» en el Banco de Previsión Social (BPS) para el pago de créditos laborales de la mutualista, al que denominará «Fondo de Insolvencia Casa de Galicia». Ese fondo se constituirá con la transferencia de 54.700.000 Unidades Indexadas, lo que equivale a unos US$ 8.000.000 provenientes de Rentas Generales.
En rueda de prensa, Lacalle expresó los motivos: «Por razones constitucionales, económicas, de justicia y además, es un veto parcial, no es que no hay dinero, hay el dinero que creemos correspondiente, el que dicen nuestros números, el que todos los uruguayos van a aportar a los trabajadores de una mutualista».
“A nosotros nos tiraron el fardo. No es por una acción del gobierno, es por una mala administración de una mutualista”. En relación a eventuales juicios de los extrabajadores, dijo: “Juicio puede hacer el que quiera”.
El presidente insistió: “Desde nuestro punto de vista ni siquiera se correspondía”. Lacalle aseguró que “se aseguró gran parte de los puestos de trabajo” y “se trató de que tanto los afiliados como los servicios, fueran a otras mutualistas”. Lacalle reafirmó: “Lo que no compartimos del todo, es la cifra y la Constitución que está para respetarse y que es iniciativa del Poder Ejecutivo”.
