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La columna de Ignacio Martirené en Punto de Encuentro.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el martes que la operación policial contra una facción criminal en Rio de Janeiro que dejó121 muertos la semana pasada fue «una matanza» y reclamó una
investigación.
«Hubo una matanza y creo que es importante verificar en qué condiciones ocurrió», afirmó Lula en Belém durante una entrevista con agencias internacionales. «Hasta ahora solo tenemos la versión del gobierno estatal, y hay gente
que quiere saber si todo sucedió como dicen», agregó el mandatario.
Al menos 117 presuntos delincuentes y cuatro policías murieron en la operación del pasado martes contra el Comando Vermelho, uno de los principales grupos criminales del país, en dos complejos de favelas de Rio. El gobernador del estado de Rio de Janeiro, el conservador Claudio Castro, calificó como «un éxito» la operación contra el «narcoterrorismo».
Decenas de cuerpos quedaron alineados en la calle de una de las favelas tras ser recuperados por vecinos al día siguiente de la operación. Tras la incursión, Lula abogó por un trabajo coordinado entre organismos estaduales y federales, y aprobó además el jueves una ley que refuerza el combate contra el crimen organizado. La actuación policial generó indignación entre organizaciones de derechos humanos, y la ONU exigió una investigación inmediata.
“OLÍA A MUERTE”
La periodista que reside en Río de Janeiro, Daniele Dutra, en diálogo con 970 Noticias, señaló que «fue la operación más sangrienta del país», y citó una entrevista que le realizó a un fotógrafo «comunitario». «Me contó que el olor era terrible, que la favela olía a muerte”.
“El Gobierno Federal junto con el del Estado de Río de Janeiro anunció la creación de una oficina de emergencia para combatir el crimen organizado”, según afirmó la periodista brasileña.
DIFERENCIAS ENTRE LULA Y CASTRO
El gobernador de Río, el conservador Claudio Castro, cercano al expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, ha mantenido diferencias importantes con Lula, cuestionando la falta de apoyo del gobierno federal en la lucha contra el crimen organizado. “La operación de hoy tiene muy poco que ver con la seguridad pública. Es una operación de defensa del Estado. Es una guerra que trasciende los límites de lo que el Estado debería librar solo. Para una guerra como esta, que no tiene nada que ver con la seguridad urbana, deberíamos contar con mayor apoyo, incluso de las Fuerzas Armadas. Es una lucha que ya trasciende el concepto mismo de seguridad pública, consagrado en la
Constitución. Río está solo en esta guerra”, dijo Castro.
Según el gobernador, su solicitud de asistencia al gobierno con vehículos blindados de la Marina y el Ejército fue rechazada tres veces desde enero. Pero miembros del gobierno creen que las declaraciones de Castro culpando a la falta de apoyo federal por la crisis de seguridad son una maniobra política de cara a las elecciones del próximo año.
QUIÉN ES CLAUDIO CASTRO
Nacido en las filas del conservador Partido Social Cristiano, el gobernador de Río de Janeiro pasó a integrar el Partido Liberal, del expresidente Jair Bolsonaro, después de las elecciones de 2018. Para algunos, es un abogado sin demasiado carisma que llegó «por accidente» a la primera línea de la política. Para otros, un político que busca ganar peso entre los votantes más conservadores con miras a ser elegido senador el año que viene.
Nacido en el estado de San Pablo y criado en Río de Janeiro, este abogado de 46 años está vinculado al movimiento de Renovación Carismática de la Iglesia católica, una rama del catolicismo con varios puntos de contacto con las iglesias evangélicas.
Cláudio Castro llegó al poder como candidato a concejal del conservador Partido Social Cristiano, pero en 2021 emigró al Partido Liberal del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro. Sin embargo, después de alinearse con la familia Bolsonaro, Castro se distanció estratégicamente del expresidente para ganar en 2022 algunos de los votos desencantados con el Partido de los Trabajadores (PT).
A pesar de las duras críticas que recibió Castro por parte de la oposición y de los organismos de derechos humanos de Brasil por el operativo en Río, después de los hechos recibió a seis gobernadores conservadores, entre los que se encuentran los representantes de los distritos más poblados y ricos del país como San Pablo y Minas Gerais.
JUICIO POLÍTICO
La diputada de Río de Janeiro Renata Souza presentó este lunes un pedido de juicio político contra el gobernador Cláudio Castro por su presunta responsabilidad en el Operativo Contención, que dejó más de 121 muertos en los complejos da Penha y Alemão. La legisladora acusó al mandatario de violar la Constitución y de “gobernar sobre el miedo y la impunidad”.
La iniciativa, ingresada ante la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro (ALERJ), busca la destitución de Castro por “no respetar el estado de derecho democrático” durante el megaoperativo policial realizado la
semana pasada. Para los analistas, este tipo de operativos suele «rendir» en términos políticos y «sumar votos», sobre todo cuando el carisma no es un fuerte.
APOYO CIUDADANO
Una encuesta de AtlasIntel reveló que el 87,6% de los habitantes de las favelas de Río de Janeiro aprueba el operativo contra el Comando Vermelho, pese al saldo trágico. El estudio, realizado entre el 29 y el 30 de octubre a 1.527 residentes, muestra además que el 62,2% de los cariocas en general también respalda la acción policial.
Según el relevamiento, el 62,3% de los encuestados consideró “adecuado” el nivel de violencia utilizado, frente al 34,4% que lo juzgó “excesivo”. Entre los habitantes de las favelas, el apoyo a la violencia policial fue aún mayor: 89,5% la avaló y solo 10,5% la cuestionó.
El 51,7% de los consultados afirmó que el número de muertos “refleja la mejor forma de combatir el crimen”, mientras que el 37% interpretó los operativos como una maniobra política. Al ser consultados sobre la identidad de las víctimas, el 65,1% las consideró criminales, cifra que ascendió a 88,8% entre los residentes de las favelas.
Los datos reflejan una polarización profunda en la sociedad carioca: mientras sectores políticos y organismos internacionales denuncian una “masacre de Estado”, buena parte de la población, incluidos los propios
habitantes de las favelas, ve en el accionar policial una respuesta legítima al avance del narcotráfico
