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En las últimas semanas volvió al centro del debate el nombre de Luis Fernando Fernández Albín, uno de los narcotraficantes más relevantes investigados en los últimos años en Uruguay.
El foco no está hoy en la droga incautada ni en la magnitud de la organización criminal que se le atribuye, sino en sus condiciones de reclusión, el reclamo que llevó adelante desde la cárcel y la respuesta —firme— de las autoridades del Estado.
¿Quién es Luis Fernando Fernandez Albín?
Luis Fernando Fernández Albín nació en Argentina hace 38 años pero siendo apenas un niño emigró con su familia a Uruguay y se instaló en el Cerro de Montevideo
Se convirtió en el último tiempo en un nombre recurrente en las investigaciones por tráfico de grandes cargamentos de droga a Europa.
Sus vínculos con Marset, su sociedad con la banda de los Suárez en la guerra en Cerro Norte, y su papel en un atentado al INR lo colocaron como uno de los principales objetivos de la policía.
Fernández Albín fue imputado el 19 de diciembre de 2025 por organización de actividades de narcotráfico, contrabando y lavado de activos, y cumple prisión preventiva por 120 días.
Había sido detenido el 20 de noviembre en Buenos Aires y trasladado a Uruguay en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya.
La investigación, iniciada en abril de 2025, apunta a una estructura criminal dedicada al ingreso, acopio y envío de grandes cargamentos de cocaína al exterior, además de maniobras de lavado.
El resultado hasta ahora es la Incautación de dos toneladas de cocaína, en Puntas de Espinillo, Ocho personas enviadas a prisión, Vehículos, bienes y documentación incautada
Para la Policía, Fernández Albín es un preso de alto riesgo, lo que explica —según el Ministerio del Interior— el régimen especial bajo el cual está recluido.
Actualmente, Fernández Albín permanece en un sector con medidas de seguridad extremas, entre las cuales se destaca Videovigilancia permanente, Escáneres, Bloqueadores de celulares, Sensores de movimiento, Doble cerca y dobles muros perimetrales.
Desde ese lugar, él y otros reclusos vinculados —algunos incluso familiares— comenzaron una medida de protesta.
Según el Ministerio del Interior, llegaron a ser unas 30 personas las que se plegaron, entre más de 6.000 presos que hay en total bajo la órbita del INR. La treintena de reclusos que se manifestaron, mantienen algún vínculo con Fernández Albín, aseguraron desde la cartera.
La protesta consistía en no levantar la comida que brinda el penal, aunque varios reciben paquetes de alimentos de familiares. Las autoridades aclaran que no hubo negociación, ni habrá cambios en las medidas de reclusión, explicó el director de la Policía Nacional, Josè Manuel Azambuya.
EL RECURSO JUDICIAL Y LA RESPUESTA DEL JUEZ
El 16 de enero, la defensa presentó un recurso de habeas corpus, planteando:
1. El traslado a otra unidad del Instituto Nacional de Rehabilitación
2. La inadecuación de las condiciones de reclusión
3. La insuficiencia de la alimentación
4. El impacto en la salud mental del imputado
El juez visitó personalmente el lugar, donde analizó los Informes técnicos del INR y las Pericias psiquiátricas y nutricionales
Como resultado, el recurso fue desestimado.
Desde el INR son categóricos:
“Todo eso estuvo en el habeas corpus. Si se hubiera comprobado una vulneración de derechos, el fallo no habría sido el rechazo”, dijeron a Punto de Encuentro fuentes de la institución, es decir, que para la Justicia, no se constató violación a los derechos humanos.
DERECHOS HUMANOS Y EL ROL DE LA INDDHH
La Institución Nacional de Derechos Humanos confirmó que Recibió la denuncia, Fue convocada al proceso judicial, pero no No continuó con actuaciones propias tras el fallo del juez.
Aclaran un punto clave que es que el Mecanismo Nacional contra la Tortura no monitorea casos individuales, sino centros de detención en general.
En este caso, El juez inspeccionó el lugar, El INR detalló que las condiciones responden a criterios de seguridad, por lo cual la sede judicial no consideró que existiera violación de derechos.
Por eso, la INDDHH dio por cerrado el tema en su órbita.
LA POSTURA DE LA DEFENSA
La defensa, encabezada por Paula Gutierrez, sostiene una versión muy distinta, y en declaraciones a radio Universal, la abogada detalló las condiciones en las que se encuentra Fernandez Albín y denunció una situación torturante.
Aseguró que Fernández Albín estaba desmejorado y pálido, cuestionó el tamaño de las porciones diarias de la comida y descartó que el narcotraficante tuviera algun tipo de vínculo con los presos que se movilizaron.
También puso el foco en la salud mental de su defendido, explicó que recibió atención psiquiátrica por Zoom, acompañado de dos policías por lo cual entiende hubo falta de privacidad y aseguró que Fernandez Manifestó deseos de autoeliminación.
Además reconoció que su pareja está recluida en la cárcel de mujeres, donde también hubo reclamos pacíficos y sostuvo que “mantener este régimen durante toda la prisión preventiva es una arbitrariedad, y que el objetivo sería forzar al imputado a aceptar una condena para salir del aislamiento”
CONCLUSIÓN
El caso Fernández Albín expone una tensión permanente en el sistema penitenciario:
Seguridad extrema frente a un preso considerado altamente peligroso y Derechos humanos que el Estado está obligado a garantizar.
Por ahora, la Justicia, el Ministerio del Interior, el INR y la INDDHH coinciden en que no se comprobó una violación de derechos.
La defensa insiste en lo contrario y el debate sigue abierto, no solo sobre este caso, sino sobre cómo se gestionan los presos de alto perfil en Uruguay.
Porque, en definitiva, la pregunta de fondo es esta:
¿Hasta dónde puede endurecerse el régimen carcelario sin cruzar la línea que separa la seguridad del castigo?
