COLUMNA: FABIÁN TISCORNIA
La primera Rendición de Cuentas del gobierno de Yamandú Orsi tiene nombre y apellido: se llama «costo cero». Ayer quedó todo sobre la mesa en el Consejo de Ministros: un gobierno de izquierda atrapado entre sus compromisos sociales y una realidad fiscal que no da respiro. Vale la pena detenerse en lo que esto significa, porque estamos frente a uno de los momentos más reveladores de lo que será este quinquenio.
¿Qué es exactamente una Rendición de Cuentas?
Primero, un poco de contexto para quien nos escucha. En Uruguay, la Rendición de Cuentas es mucho más que un balance contable. Es el instrumento legal que tiene el Poder Ejecutivo para modificar el Presupuesto Nacional, que se aprueba al inicio de cada gobierno para cinco años. Dicho de otra forma: es la gran oportunidad anual para ajustar el rumbo, reasignar prioridades, incorporar gastos nuevos o eliminar los que no funcionan. Es, en esencia, el termómetro político y económico del año.
Que esta primera Rendición llegue bajo el signo del «costo cero» dice mucho sobre el punto de partida del gobierno Orsi. No es una señal de fortaleza. Es una señal de que el margen de maniobra es estrecho, más estrecho de lo que se esperaba cuando el Frente Amplio ganó las elecciones.
El documento que lo dice todo
Antes de la conferencia de prensa de ayer, ya circulaba un documento interno que marcó la agenda. Los «lineamientos para la elaboración del proyecto de ley de Rendición de Cuentas 2026» fueron establecidos por el gobierno en un texto interno firmado por la contadora general de la Nación, Adriana Arosteguiberry. El Observador y La Diaria reportan su contenido: el MEF lo sintetizó en cuatro páginas con los lineamientos al resto del gobierno. Y la frase central no deja margen para la interpretación: «La formulación de la presente Rendición de Cuentas no prevé incrementos netos en el nivel de crédito presupuestal en las propuestas presentadas por los Incisos. En consecuencia, las mismas deberán financiarse mediante reasignaciones internas de crédito, asegurando que toda iniciativa se financie dentro de los márgenes existentes.»
Más adelante, el mismo documento es enfático: «Toda propuesta deberá presentarse bajo el criterio de costo cero, financiándose mediante la reducción, eliminación o reformulación de otros gastos dentro del propio Inciso.»
¿Y qué se espera de los ministerios exactamente? Que hagan su propia cirugía interna. El texto dice que «se promoverá el rediseño y la reformulación de programas existentes, orientando el gasto hacia aquellas intervenciones con mayor impacto económico y social, considerando la evidencia disponible sobre su desempeño. Los Incisos deberán presentar sus propuestas ordenadas según su prioridad estratégica, identificando aquellas que consideren imprescindibles para el cumplimiento de sus cometidos sustantivos.»
En materia de personal, el documento cierra la puerta a aumentos generales: «Las propuestas vinculadas a servicios personales deberán considerar la estructura organizativa vigente y financiarse mediante reasignaciones internas. Se priorizarán medidas focalizadas, no previéndose incrementos de carácter general.»
Y sobre las inversiones de cada cartera, el criterio es igualmente restrictivo: «Se priorizarán aquellos proyectos que contribuyan de forma más directa al cumplimiento de los objetivos de política pública. A tales efectos, se deberá revisar la cartera vigente, identificando posibles ajustes o reformulaciones.»
Hay un elemento adicional en los lineamientos que pasó algo desapercibido pero que es políticamente relevante: las propuestas de reasignación para 2027 deberán considerar el impacto en cambio climático, igualdad de género e infancia. Es decir, el gobierno introduce criterios de presupuestación con enfoque de derechos incluso dentro de un esquema de restricción. Lo que en el papel parece un gesto progresista, en la práctica agrega una capa de complejidad burocrática a ministerios que ya tienen poco margen. Es un detalle que habla de las tensiones internas entre la agenda política del Frente Amplio y la realidad de tener que recortar.
La conferencia de prensa: Oddone y Arim frente al país
Tras el Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva, Gabriel Oddone y Rodrigo Arim salieron a dar la cara. Oddone arrancó con el diagnóstico macro: «Nuestra economía, con las correcciones a la baja, está creciendo por encima del promedio de los últimos diez años, estamos generando empleo formal, estamos logrando consolidar un nivel de inflación como no se observa en 20 años y estamos reduciendo pobreza.»
Si uno hila fino, en realidad en el segundo semestre la economía prácticamente estuvo estancada y la pobreza en realidad está estable. Pero, más allá de eso, hay un problema de expectativas: el Frente Amplio llegó al gobierno prometiendo más que eso. Sus votantes esperaban algo que fuera más allá de mantener la macro.
Esperaban un impulso redistributivo, más inversión pública, más Estado. Y ahí es donde la realidad fiscal choca con el mandato político.
Pero inmediatamente vino la corrección que importa: la previsión de crecimiento para 2026 era del 2,2% del PIB y bajó a 1,6%. Y sobre 2027 señaló que la previsión también tendrá una «corrección a la baja de dos décimas» de punto porcentual.
Esto es técnicamente preciso y políticamente incómodo a la vez. La regla fiscal no es capricho del MEF: es un compromiso asumido ante los mercados, ante las calificadoras de riesgo, ante los organismos internacionales. Si Uruguay la incumple, las consecuencias son concretas: sube el costo de endeudarse, baja la calificación crediticia, se encarece todo lo que el Estado tiene que financiar. Oddone lo sabe, y por eso prefiere mantener las metas fiscales hoy al caos de perder credibilidad mañana. Es, en el fondo, el mismo razonamiento que aplicaron los gobiernos del Frente Amplio anteriores. La diferencia es que esta vez el margen es más fino y el escenario externo menos generoso.
Las cuatro prioridades dentro del ajuste
Dentro de ese corsé fiscal, el gobierno fijó cuatro ejes que sí recibirán recursos, vía reasignación: infancia, seguridad, personas en situación de calle y empleo. Oddone precisó que los recursos asignados en la ley de presupuesto para 2027 «se mantienen inalterados», y que habrá «un gasto adicional» para incorporar las recomendaciones del Diálogo Social, en referencia al incremento de las transferencias de dinero para la infancia. El número concreto: la unificación de transferencias está estimada en 30 millones de dólares para 2027.
Sobre la reasignación, el ministro fue explícito: se resolverá en reuniones bilaterales del MEF con cada ministerio, en un escenario de crecimiento menor al esperado en 2026 y 2027.
Analicemos esas cuatro prioridades porque su elección no es casual. Infancia responde al Diálogo Social y a una deuda histórica del progresismo uruguayo con la pobreza infantil, que sigue siendo el gran talón de Aquiles del país. Seguridad es la respuesta a la demanda más urgente de la ciudadanía, que en las encuestas la sigue ubicando como su principal preocupación. Situación de calle es una herida visible en Montevideo que el gobierno de Lacalle Pou no logró cerrar y que Orsi asumió como bandera desde la campaña. Y empleo apunta a los jóvenes y a los sectores desconectados del mercado laboral formal.
Son cuatro apuestas políticamente inteligentes. Pero todas comparten un problema: requieren no solo más recursos, sino más coordinación institucional, más personal, más infraestructura. Y el «costo cero» implica que ese personal y esa infraestructura tendrán que salir de algún lado. ¿De dónde? Esa es la pregunta que cada ministerio está respondiendo ahora mismo en sus reuniones bilaterales con el MEF.
Arim lo dijo sin rodeos
El director de la OPP, Rodrigo Arim, intentó dar vuelta el relato.Reafirmó que la actual no será una «rendición de gasto cero», sino que el trabajo del gobierno preserva el compromiso financiero y fiscal establecido en el Presupuesto Nacional 2026-2030 y toma la iniciativa política de destacar con recursos las áreas consideradas fundamentales para la ciudadanía. Y remató: «En el conjunto de incertidumbre que nos rodea, hay una Rendición de Cuentas que prioriza las áreas que consideramos centrales para la ciudadanía hoy.»
La distinción que hace Arim entre «gasto cero» y «costo cero» merece un análisis. Cuando dice que no es una «rendición de gasto cero», tiene razón en sentido estricto: hay 30 millones de dólares nuevos para infancia que sí representan un incremento de gasto real. El punto es que ese incremento se financia con recortes en otro lado, no con expansión del presupuesto global. Es como si en casa decidieras que vas a gastar más en educación de tus hijos, pero para eso tienes que dejar de salir a comer. El gasto en educación sube, pero el presupuesto total no crece. Eso es, en esencia, lo que está haciendo este gobierno. Y en ese contexto, la semántica importa menos que el resultado concreto para cada área que queda del lado de los recortes.
La tensión dentro del FA
La realidad política es que este gobierno enfrenta simultáneamente presión desde la derecha —que pide más ajuste, más eficiencia, menos gasto— y desde su propia izquierda, que exige más Estado, más inversión, más derechos. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, intentó quitarle dramatismo y negó haber escuchado que el proyecto sea de gasto cero, aunque reconoció que sí tendrá «alguna restricción en cuanto al crecimiento del gasto». Sostuvo que hay un «mecanismo intermedio» que es la distribución del gasto y que la Rendición de Cuentas «no sea con contracción».
Y el propio Orsi, en días previos, admitió que hay que «encontrar unos recursos más» y que «pelea» para evitar el gasto cero.
El escenario externo que complica todo
Hay un elemento que no podemos ignorar y que aparece repetidamente en los discursos del equipo económico: el contexto internacional. El ministro señaló que el escenario internacional es muy complejo y que, pese a ello, por cosas que Uruguay fue construyendo y acciones de este gobierno, esos efectos están siendo trasladados de manera moderada.
La guerra de aranceles impulsada por la administración Trump ha generado una turbulencia global que afecta el comercio, los flujos de inversión y los precios de las materias primas. Para Uruguay, que exporta fundamentalmente commodities agropecuarios, un enfriamiento de la economía global tiene consecuencias directas sobre la recaudación. Menos exportaciones, menos actividad, menos IVA, menos IRAE. El círculo vicioso es claro: cuando el mundo frena, Uruguay recauda menos y tiene menos para gastar.
¿Y la interpelación?
Un dato que se filtró ayer casi de costado pero que tiene su importancia: la oposición tiene prevista una interpelación al ministro Oddone en el Senado. La fecha se postergó al 22 de junio para que no coincida con el debut de Uruguay en el Mundial. Es un detalle que habla de cómo funciona la política uruguaya, pero también una señal de que la oposición tiene munición para cuestionar la gestión económica y que usará la Rendición de Cuentas como ring.
¿Qué va a argumentar la oposición? Básicamente, que el Frente Amplio prometió una cosa y está haciendo otra. Que llegaron al gobierno prometiendo más Estado y están aplicando la misma disciplina fiscal que criticaban. Es un argumento que tiene fuerza retórica, aunque simplifica la realidad: la disciplina fiscal del Frente Amplio no es traición ideológica, es la consecuencia de una economía que creció menos de lo esperado en un mundo que se complicó más de lo previsto.
La lectura de fondo
Lo que tenemos es un gobierno progresista ejecutando algo que técnicamente se parece a lo que sus rivales políticos llaman «ajuste», aunque el equipo económico cuida mucho el lenguaje. El elevado déficit fiscal y el bajo crecimiento de la economía son los principales obstáculos para que la Rendición de Cuentas deje a todos contentos, y los dos factores centrales con los que debe lidiar el MEF.
Pero hay algo más profundo que una Rendición de Cuentas no puede resolver: el problema estructural del Uruguay. La pobreza infantil persiste. La educación no mejora lo suficiente. La seguridad se deterioró. El sistema de salud tiene cuellos de botella.
No es que falte voluntad política; es que el modelo de Estado uruguayo acumula ineficiencias históricas que ningún gobierno ha logrado resolver de fondo.
Lo que la Rendición de Cuentas del gobierno Orsi introduce, al menos en el papel, es algo que los lineamientos del MEF llaman «revisión integral de la estructura de gasto». El documento habla de evaluar «la pertinencia, resultados e impacto económico y social de los programas vigentes» y de identificar «la existencia de superposiciones o duplicaciones». Si eso se hace en serio —y ese es el gran «si» de toda esta historia— podría ser la semilla de una reforma del Estado más profunda que el mero ajuste presupuestal. Pero en Uruguay, ese tipo de reformas estructurales tienen una historia larga de anuncios y poca concreción.
Por otro lado, el documento del MEF exige que cada propuesta nueva incluya un diagnóstico, una justificación, un objetivo verificable y resultados esperados con indicadores. Eso, si se aplica con rigor, es una revolución silenciosa en la cultura presupuestal de un país donde históricamente se gastaba sin rendir cuentas demasiado claras de para qué ni con qué resultado.
El final que está por escribirse
La prueba definitiva llega el 30 de junio, cuando el proyecto llegue al Parlamento. Hasta entonces, cada ministerio está haciendo sus cuentas para ver qué le pide al MEF y qué tiene que sacrificar a cambio. Ese proceso bilateral —esas reuniones de pasillo entre los técnicos del MEF y cada cartera— es donde realmente se decide el Uruguay de los próximos años. No en los discursos de Torre Ejecutiva, sino en planillas de Excel, en líneas presupuestales, en programas que desaparecen sin que nadie lo anuncie en conferencia de prensa.
Lo que está en juego es algo más que la Rendición de Cuentas en sí misma. Es la credibilidad del Frente Amplio para gobernar con responsabilidad fiscal sin traicionar su identidad. Esa es la apuesta de Oddone, de Arim, y en definitiva de Orsi. Por ahora, el único número que circula es el de 30 millones de dólares para infancia. Lo demás son negociaciones, promesas y una fecha: el 30 de junio. Uruguay está mirando.
