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El sindicato de la Terminal Cuenca del Plata realiza un paro de actividades desde las 7 horas de este lunes.
La empresa Katoen Natie calificó la semana pasada en el Parlamento como «abusiva» la postura del gremio y sostuvo que el sindicato condicionó el avance de la negociación al otorgamiento de compensaciones económicas para los trabajadores. Además, advirtió que las medidas sindicales afectan la operativa de la terminal y pueden perjudicar el funcionamiento del Puerto de Montevideo.
Por su parte, el secretario del Supra, Álvaro Reinaldo, rechazó esas acusaciones y sostuvo que la empresa utiliza una estrategia de presión en cada negociación colectiva. También acusó a Katoen Natie de «manipular» el conflicto.
Consultado el presidente Yamandú Orsi sobre la posibilidad de que se decrete la esencialidad, dijo que eso se hace cuando se paraliza un servicio o actividad que genera un problema «bastante mayor» al que está ocurriendo. «Por ahora no hemos llegado a ese nivel», concluyó.
Las Cámaras Empresariales señalan que en 2025 hubo “más de 30 días con disrupciones operativas” y sumó que en 2026 ya van 25 días. “¿Hasta cuándo se admitirá que conflictos particulares sigan manteniendo en jaque al comercio exterior del país, y como consecuencia de ello, a su economía?”.
Por otra parte, fueron imputadas la propietaria y la encargada del residencial clandestino de La Unión. Ambas cumplirán prisión preventiva por el plazo de 120 días, mientras continúa la investigación. Fueron acusadas de reiterados delitos de privación de libertad, reiterados delitos de abandono de personas incapaces, reiterados delitos de estafa, reiterados delitos de omisiones de asistencia, en calidad de autoras a título de dolo directo.
Recordemos que se realizó un allanamiento por la Policía el pasado sábado y la Fiscalía ordenó la detención de la dueña del residencial, de 46 de años y a la encargada de 49, ambas sin antecedentes penales. La fiscal Silvia Lovesio dijo en la audiencia que entiende que hay dos lugares: uno de fachada y otro clandestino, a una cuadra de distancia. Uno de ellos ubicado en Comercio y Cabral, con el cartel del residencial y los cuidados que ofrece, lugar donde ingresaban los familiares y pensaban que allí quedaban los adultos mayores.
Por otra parte, en Comercio y Corrales estaba ubicado el residencial clandestino. Allí vivían entre 19 y 22 personas, deshidratados, desnutridos y en un contexto de vulnerabilidad, según informó Subrayado.
Las visitas de los familiares eran coordinadas y cada vez que iban los encontraban en el local de Comercio y Cabral. La fiscal Lovesio según informó Telenoche describió las condiciones del lugar y argumentó que «más que un residencial era un depósito de personas mayores», señalando que los internos se encontraban en situación de hacinamiento, desnutrición y falta de aseo.
Según el relato de la fiscal, en un altillo del lugar se hallaron entre cinco y seis hombres «tirados en colchones, sin sábanas», en habitaciones afectadas por filtraciones de agua y falta de luz natural. En total, se constató la presencia de 22 personas de entre 71 y 98 años de edad, distribuidas en diferentes sectores del inmueble, incluido un garaje.
Dos de los residentes debieron ser trasladados de urgencia a centros hospitalarios debido a cuadros de deshidratación y solicitudes reiteradas de agua.
La investigación determinó que los familiares de las víctimas abonaban una mensualidad aproximada de 30 mil pesos por la estadía.
La defensa de las imputadas se opuso a la calificación delictiva y rechazó los cargos de abandono y estafa. En su argumento sostuvo que el lugar «no es clandestino» ni se encontraba oculto, y atribuyó la demora en la apertura de la puerta a que el empleado encargado se había quedado dormido.
Asimismo, la defensa negó la existencia de denuncias previas contra las indagadas y cuestionó los informes sobre la pérdida de peso de los internos, afirmando que dicha situación habría sido advertida con anterioridad por los familiares.
