En la víspera, el intendente de Paysandú Guillermo Caraballo promulgó el decreto “Obligatoriedad de etiquetado de alimentos transgénicos”, que fuera aprobado en junio pasado por la Junta Departamental.
La promulgación, que define como Organismo Genéticamente Modificado (OGM) –transgénicos– a aquel cuyo material genético ha sido manipulado por ingeniería genética, establece “un marco para regular la trazabilidad de productos que contienen o están compuestos por OGM y de los alimentos producidos a partir de estos, con el fin de facilitar el etiquetado preciso y el seguimiento de los efectos en el medio ambiente y, cuando proceda, sobre la salud y la aplicación de las medidas de gestión adecuadas”.
El artículo segundo señala que, a efectos del referido decreto, se entenderá por “alimento genéticamente modificado” aquellos que “contienen o están compuestos por OGM o han sido producidos a partir de ellos”.
El decreto aprobado por la Junta Departamental de Paysandú estableció que “los alimentos compuestos por organismos genéticamente modificados o que contengan ingredientes producidos a partir de estos que superen el 1% de material genéticamente modificado respecto al organismo considerado” deberán lucir en su rotulación la frase: “Este producto contiene organismos modificados genéticamente”.
La Comisión de Higiene y Medio Ambiente de la Junta Departamental había tratado el tema, donde tuvo el aval de los ediles de los tres partidos. Marcelo Fagúndez, integrante de la organización Grupo de Vecinos de Guichón por los Bienes Naturales y edil suplente, fue uno de los que propuso el texto. La idea surgió luego de una conferencia de Claudio Martínez Debat y Pablo Galeano, docentes de la Universidad de la República que integran el colectivo Cultivos Transgénicos en Uruguay.
Paysandú es el tercer departamento que legisla en este sentido, después de Montevideo y Lavalleja. Los decretos departamentales vienen a llenar un vacío de legislación nacional.
No obstante, en ninguno de esos dos departamentos se aplica. La administración de Martínez cuestionó, a poco de acceder al gobierno de Montevideo, que la comuna estaba decidiendo sobre una cuestión que era de competencia nacional. No obstante, su División Jurídica y el Gabinete Nacional de Bioseguridad confirmaron que el tema era de resorte departamental, por lo que se anunció que se iba a cambiar el diseño de la etiqueta – un triángulo amarillo con la letra T en el centro– porque podía llevar a pensar a los consumidores que se trataba de un alimento nocivo. En Lavalleja el decreto fue aprobado hace siete meses, pero sigue sin aplicarse, porque la intendencia no tiene forma de controlar su aplicación. Los laboratorios no están en condiciones de realizar ese tipo de análisis y tampoco cuentan con presupuesto para ello.
Los transgénicos se dividen en tres categorías: “Ingeniería genética”, “Manipulados genéticamente” e “Ingrediente manipulado mediante ingeniería genética”.
En Uruguay el primer “evento transgénico” autorizado fue una variedad de soja (la soja RR) creada, patentada y vendida por Monsanto.
La siembra de esta soja fue autorizada en 1996 por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, durante la presidencia de Julio María Sanguinetti.
En Uruguay se cultiva maíz y soja transgénicos. Los solicitantes de nuevos eventos son los representantes legales en Uruguay de las multinacionales Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow y Pioneer. Las características incorporadas por modificación genética, hasta el momento, son la resistencia a insectos y la tolerancia a herbicidas o las dos combinadas en la misma planta.
Al menos 60 países tienen requisitos de etiquetado, entre ellos Japón, Brasil y toda la Unión Europea.
