El juez federal Sergio Moro aceptó la denuncia formal presentada la semana pasada por la Fiscalía contra Lula, acusado de haber recibido favores de una de las empresas beneficiadas por los desvíos en Petrobras.
El juez que investiga el gigantesco escándalo por desvíos en la petrolera brasileña Petrobras aceptó hoy la denuncia contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y será juzgado por corrupción y lavado de dinero.
El juez federal Sergio Moro aceptó la denuncia formal presentada la semana pasada por la Fiscalía contra Lula, acusado de haber recibido favores de una de las empresas beneficiadas por los desvíos en la petrolera estatal, según la decisión divulgada por su juzgado.
También serán juzgados la esposa del exmandatario, Marisa Leticia Lula da Silva; el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto; el expresidente de la constructora OAS Leo Pinheiro y otros cuatro ejecutivos de esa empresa.
Según la Fiscalía, a cambio de ser favorecida con tres contratos para obras en refinerías de Petrobras, la constructora OAS, ya condenada por los desvíos en la petrolera estatal, aceptó reformar y amueblar un apartamento en la playa por el que Lula sólo pagó una cuota inicial, así como pagar durante cinco años el depósito alquilado por el expresidente para guardar los regalos que recibió durante su Gobierno.
La acusación agrega que, sumados los gastos del alquiler del depósito y las reformas del apartamento de playa, Lula recibió cerca de 3,7 millones de reales (alrededor de 1,12 millones de dólares) en ventajas indebidas de la OAS.
Moro aclaró que la aceptación de la denuncia no significa que se está admitiendo la responsabilidad criminal de los acusados, que tiene que ser demostrada por la Fiscalía, y dijo que necesita dejar eso claro debido a que la presencia de Lula entre los acusados «pueden darle al caso reacciones de toda especie fuera del proceso».
«Los elementos probatorios aún son cuestionables, pero, en esta fase preliminar, no se exige que la demostración de la responsabilidad criminal sea concluyente sino que se demuestre justa causa (para abrir el proceso)», agregó el juez en su decisión.
Según Moro, el examen de las pruebas presentadas por la Fiscalía tan sólo es válido durante la instrucción del proceso y, especialmente, después de que el acusado haya ejercido ampliamente su derecho a defenderse.
«Las pruebas presentadas son suficientes para la admisión de la denuncia y para dar inicio al proceso judicial, en el que los acusados, incluso el expresidente, tendrán la oportunidad de defenderse», agregó.
Además de sentarse en el banquillo por primera vez en el juicio por los desvíos en Petrobras, Lula también afronta un proceso en el que fue acusado de obstrucción a la Justicia por supuestamente haber ofrecido dinero por el silencio de uno de los testigos que colaboran con las investigaciones sobre las corruptelas en la petrolera estatal.
El expresidente igualmente es investigado en otras dos causas por supuestamente haber recibido beneficios de empresas que desviaron recursos de la petrolera.
Uno de los casos se refiere a la supuesta propiedad de una casa de campo en la ciudad de Atibaia, igualmente reformada por constructoras implicadas en los desvíos de Petrobras, y el otro a donaciones y recursos que al parecer recibió por supuestas conferencias que dictó en el exterior y que fueron encomendadas por empresas igualmente condenadas por las corruptelas en la petrolera.
El caso por el que ya fue aceptado el proceso este martes se refiere a un apartamento de tres pisos en Guarujá, un balneario en el litoral del estado de Sao Paulo, por el que Lula pagó una cuota inicial pero del que niega ser propietario.
Sus abogados afirman que el expresidente desistió del negocio y pidió que le devolvieran el dinero, por lo que no se le puede atribuir la propiedad del inmueble.
Lula alega que la Fiscalía no tiene pruebas de que el apartamento sea suyo y que no existen papeles que lo señalen como el dueño, y afirma que, si le prueban algún delito, irá caminando hasta la comisaría para su detención.
«Estoy a entera disposición de las personas serias en la Fiscalía, en la Policía y en la Justicia. Cuando viole una ley que me sancionen para servir de ejemplo, pero, cundo no viole nada, que busquen a otro para crearle problemas», afirmó en un pronunciamiento que hizo la semana pasada para presentar su defensa.
Según el expresidente, que fue acusado por la Fiscalía de ser el «máximo comandante de la red de corrupción en Petrobras», la denuncia en su contra es parte de una reacción de sus adversarios políticos al éxito de su Gobierno en la lucha contra la pobreza.
«Soy consciente de que mi fracaso habría agradado a mis adversarios. Lo que despertó la ira fue el éxito de un Gobierno que ejecutó la mayor política de inclusión social del país», dijo.
