El polémico tema de la compra de un avión presidencial, que merecerá el próximo 24 de Enero una convocatoria al Ministro de Defensa por parte del Senador Pedro Bordaberry, mereció una contundente afirmación de la Fiscalía de Gobierno.
“Esta Fiscalía entiende que el órgano de contralor ha ingresado a tópicos que lejos están del control de legalidad, basando su dictamen en hipótesis no comprobadas y entrando a cuestiones de mérito, que terminan erosionando las competencias constitucionales que le fueron acordadas; desconociendo lo que sí es una evidencia: la oferta única”, subraya el dictamen.
La disposición hace referencia a la adquisición mediante licitación pública de una aeronave multipropósito, decisión que fue observada por el Tribunal de Cuentas.
La Fiscalía entiende que la observación se basa en dos “irracionalidades”: que el Tribunal se imagina una hipótesis en base a un oferente del cual supone existencia y que el principio de igualdad de los oferentes actúa ante la presencia real de varios oferentes, no como lo utiliza la observación del Tribunal.
Sobre la existencia de oferentes, el dictamen dice: “Luce a fojas 385 –del expediente– que el Presidente del Tribunal votó discorde, argumentando que la existencia de un sólo oferente tira por tierra las argumentaciones que sustentan la observación”.
La Fiscalía recuerda: “El propio Tribunal dijo al principio que al proceso competitivo se presentó únicamente una oferta. Concluyente.”
Por otra parte, subraya que a lo largo del tiempo “se dio cumplimiento a las especificaciones del TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, el código de compras y administración pública que emplea el país) en las distintas etapas del proceso competitivo de contratación, donde el Pliego no fue cuestionado”.
Pero además el dictamen indica fragilidad administrativa del Tribunal de Cuentas: “el Tribunal habría recibido al parecer dos proyectos, uno que no objeta el gasto y otro que lo observa. Es como si un Tribunal jurisdiccional llevara al Acuerdo dos proyectos de sentencia, uno condenatorio y otro absolutorio. Inimaginable.”
Esto impulsa a señalar que “La inseguridad jurídica de esta forma de funcionar, es a juicio de la Fiscalía, simplemente grave”. Por este motivo, remitirá un anteproyecto para “corregir estas inconsistencias que perturban la transparencia de la función del Tribunal de Cuentas”.
