La información de El Dirario El País de Madrid, da cuenta que la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado este martes una denuncia ante el Juzgado de Instrucción Decano de Pozuelo de Alarcón contra el delantero portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo por cuatro delitos contra la Hacienda Pública supuestamente cometidos entre los años 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario total de 14,76 millones de euros.

Según la nota, las cuotas tributarias supuestamente defraudadas por Cristiano Ronaldo fueron de 1,39 millones de euros en 2011; 1,66 millones en 2012; 3,2 millones en 2013 y 8,5 millones en 2014. Todas estas cantidades superan los 120.000 euros anuales que convierten el fraude fiscal en delito, castigado con una pena de uno a cinco años de prisión.

La denuncia contra Cristiano Ronaldo se basa en el informe remitido a la Fiscalía por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). Este documento recuerda que en 2008 el futbolista confirió a su agente un poder para firmar un contrato de trabajo con el Real Madrid entre las temporadas 2009/2010 y 2014/2015 y que fue rubricado por ambas partes el 21 de junio de 2009. Ronaldo trasladó un mes más tarde su residencia a España, con lo que adquiría la condición de residente fiscal en nuestro país a partir del 1 de enero de 2010.

El informe relata que Cristiano Ronaldo optó “expresamente”, el 11 de noviembre de 2011, por el régimen fiscal español aplicable a los trabajadores desplazados al territorio español. Esto supone que el futbolista tendría que haber gravado en 2011 sus rentas obtenidas en suelo español al tipo del 24% y al tipo del 24,75% en los tres ejercicios posteriores. La Fiscalía apunta a que, sin embargo, tras confirmarle el Real Madrid el 12 de diciembre de 2008 las condiciones del contrato que se iba a formalizar meses más tarde, “y con la intención de obtener un beneficio fiscal ilícito cuando llegara a España”, simuló ceder sus derechos de imagen a una sociedad llamada Tollin Associates LTD, domiciliada en Ias Islas Vírgenes Británicas y de la que era socio único.

Dicha sociedad, ubicada en un paraíso fiscal, cedió la explotación de los derechos de imagen del futbolista a otra sociedad ubicada en Irlanda con el nombre de Multisports&Image Management LTD. Esta mercantil irlandesa era la que “efectivamente” se dedicó a la gestión y explotación de los derechos de imagen de Cristiano Ronaldo y sin que la sociedad ubicada en las Islas Vírgenes Británicas desarrollara actividad alguna. Según el escrito del ministerio público esta cesión era “completamente innecesaria y solamente tenía como finalidad la interposición de una pantalla para ocultar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la totalidad de los ingresos obtenidos por el denunciado por la explotación de su imagen”.

También alude la fiscalía a que Ronaldo presentó en su declaración del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas de 2014 donde consignaba una rentas de fuente española entre 2011 y 2014 de 11,5 millones de euros, “cuando las rentas verdaderamente obtenidas de fuente española” fueron en esos tres ejercicios de casi 43 millones de euros. En esta declaración, además, calificó los rendimientos obtenidos como rendimientos de capital mobiliario y no como rendimientos derivados de actividades económicas lo que le permitió disminuir “considerablemente” la base imponible a declarar.

Por último la Fiscalía señala que Ronaldo no incluyó “voluntariamente” unos ingresos que la AEAT cifra en 28,4 millones de euros por derechos de imagen a otra sociedad a la que ya había cedido estos derechos entre 2015 y 2020 llamada Adifore Finance LTD que sólo operaba para territorio español.

La Fiscalía de Madrid apoya su denuncia contra Cristiano Ronaldo en los criterios de la Fiscalía General del Estado y de la “jurisprudencia más reciente”, y cita expresamente la sentencia del Supremo del pasado 24 de mayo contra Messi y su padre. Según estos criterios, se considera fraudulenta “la interposición de un sujeto pasivo del impuesto diferente del real, ubicado en el extranjero, lo que favorece la ocultación de información a Hacienda”.