La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay ocupo desde esta mañana los juzgados penales de la calle Juan Carlos Gómez.
Los funcionarios tienen dos reclamos, que el Poder ejecutivo pague la deuda laboral de 40 millones de dólares y que se designe cuanto antes un fiscal que intervenga en la acción de inconstitucionalidad promovida por los judiciales contra el artículo 733 de ley de presupuesto.
El dirigente sindical Eduardo Silveira detalló el conflicto en Informativo Universal:
(Por Martín Riveiro)
