Tras la reunión entre autoridades del Ministerio del Interior y los trabajadores organizados, que incluyó al sindicato policial, el ministro interino Jorge Vázquez puntualizó que aseguró que las declaraciones realizadas en Cerro Largo no fueron dirigidas a censurar la actitud del policía, sino la de los empresarios o comerciantes que buscan mano de obra barata para custodia de sus intereses, que se traduce en la contratación de horas de “servicio 223”, es decir, la contratación de policías para guardia de lugares privados, situación prohibida por la ley.
El jerarca explicó que el servicio de vigilancia 222 tiene un cupo de 50 horas mensuales por funcionario, y no hay ningún otro artículo que refiera a tareas de seguridad. “La ley expresa que, fuera del artículo 222, el policía tiene prohibido realizar tareas de seguridad. Eso se puso en la ley, y fue aprobada por los parlamentarios, para buscar una mayor protección de los policías, en el sentido de que no tengan horarios extensivos vinculados a tareas de seguridad que implican mucho riesgo desde el punto de vista profesional”, señaló.
En una próxima reunión se tratarán los temas que refieren al informal “servicio 223”. “No debería existir. Cada vez que nosotros nos enteremos que hay un ‘servicio 223’ lo vamos a denunciar penalmente”, afirmó.
Esta tarde se presentó una denuncia penal en el Juzgado de 12.° Turno para que la Justicia determine responsabilidades del contratante. Asimismo, dijo que si se encuentra funcionarios desempeñando este tipo de tarea, serán sancionados con las medidas disciplinarias que correspondan.
