Un grupo de organizaciones en defensa de la ley 19172 que regularizó el mercado de marihuana asegura que nuestro país no está obligado a cerrar las cuentas bancarias de las farmacias que trabajan con el producto y presentó en conferencia de prensa una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Las organizaciones llaman al Banco Central y a las autoridades de gobierno a defender la soberanía de nuestro país y a actuar con seriedad, además de poner en marcha una denuncia ante la INDDHH para defender “los derechos y libertades amenazadas por la decisión unilateral de los bancos que han decidido cerrar cuentas de empresas que operan en el rubro cannabis y sus derivados”.
Las organizaciones señalan que se trata de un conflicto que “no ha sido presentado en forma clara y precisa” y explica que la decisión del Banco República de no operar con esas farmacias se debe a la posibilidad que eso perjudique el vínculo operativo entre el BROU y los bancos en Estados Unidos.
“La operativa de empresas productoras, farmacias dispensadoras, clubes y otras en Uruguay, así como las empresas productoras de cáñamo y sus derivados, están reguladas, se ajustan a la Ley nacional, y son escrupulosamente analizadas por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo Desde el punto de vista uruguayo no existen dudas acerca de la legitimidad de los fondos que operan en esas cuentas”, señala un comunicado difundido por las organizaciones.
Asimismo señalan que en Estados Unidos hay más de 250 entidades bancarias que trabajan con proyectos vinculados a la marihuana en los estados que es legal. El informe señala que el 27 de abril ingresó al Congreso de EEUU un Proyecto de Ley para reglamentar la actividad bancaria referida a los emprendimientos de cannabis en todas las jurisdicciones. Mientras se da esa discusión, los bancos norteamericanos siguen operando con empresas que trabajan con cannabis.
