“El 100 % de los jóvenes privados de libertad que viven en los 13 centros del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) en los departamentos de Canelones, Montevideo y Lavalleja estudian”, afirmó la presidenta de ese servicio, Gabriela Fulco. A los cursos formales y no formales se agregó la posibilidad de trabajar en empresas privadas y organismos públicos y la participación en actividades deportivas.
Fulco dijo a la Secretaría de Comunicación Institucional que estudiar es el eje principal del trabajo, conjuntamente con el desarrollo de actividades laborales y deportivas y el acercamiento de las familias. En su mayoría, los jóvenes de entre 13 y 18 años que están en la institución completaron educación primaria y pueden comenzar o seguir clases en secundaria con cursos de carácter integral y personalizados.
Explicó que los jóvenes pueden formarse gracias a una acción planificada para los 365 días del año con el objetivo de aprovechar el tiempo de entre uno y cinco años en que permanecen con medidas privativas de libertad. “Firmamos un convenio con el Consejo de Educación Secundaria para que recuperen materias y preparen exámenes, y, para ello, a partir de febrero del próximo año contaremos con profesores de liceo dentro de los centros y los que tienen permiso judicial seguirán estudiando afuera”, señaló.
Las acciones educativas formales son complementadas con deporte, cultura, recreación, cursos en el ámbito no formal y, sobre todo, con un trabajo de cercanía con las familias, para que acompañen a sus hijos en este período de crianza en adolescencia, ya que muchos de ellos tienen solamente 13 años. En el área deportiva, los jóvenes participan en maratones en Montevideo y en otros departamentos, además de jugar al fútbol y al rugby, practicar canotaje, equitación, juegos de mesa, campeonatos de ping-pong e interpretación de música en diferentes ritmos.
Asimismo, los convenios educativo-laborales han posibilitado oportunidades de trabajo en empresas privadas y en organismos públicos como Ancap, OSE, Antel o la Junta Departamental de Montevideo. “Es una valiosa oportunidad en la que se relacionan en ámbitos que no son la privación de libertad, y, desde el punto de vista psicológico, el contacto positivo con adultos abre posibilidades de interacción y de inclusión”, puntualizó Fulco.
Sobre el reagrupamiento, dijo que se realizó de acuerdo con las edades y perfiles para una mejor rehabilitación en el marco de las medidas de privación de libertad. “Obligatoriamente los jóvenes de entre 13 y 15 años están en un centro, y de ahí en adelante se separan de acuerdo con las características y los perfiles”, agregó. El promedio por centro es de entre 18 y 23 jóvenes, salvo el centro 1, cuya capacidad es de 80 jóvenes, y el centro de ingreso, que alberga entre 80 y 100 jóvenes, lugar de tránsito en el que permanecen un máximo de 90 días, a la espera de la resolución judicial que impone o no una medida.
La institución firmó un memorando de entendimiento con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con la finalidad de realizar la revisión de los protocolos de sanciones, disciplina y visitas de la institución, para que estén en sintonía con la normativa vigente en materia de derechos humanos.
Fulco citó, como ejemplo, que una sanción por una inconducta implicaba el corte de las visitas de las familias o situaciones de aislamiento, normas que fueron reformuladas porque son contrarias a los derechos humanos. “En este momento, cuando hay inconducta se rodea al joven de su familia y de equipos técnicos para que entre todos puedan ayudarlo a salir de situaciones complicadas y a superarse dentro del sistema”, explicó.
Agregó que en marzo de este año se creó la figura del delegado de centro, proceso en el que, tras votación secreta, los jóvenes eligieron a sus representantes de centros y de módulos. La funcionaria dijo que esta iniciativa inédita en el sistema permitió reducir el nivel de conflictividad interna, porque los delegados pueden presentar propuestas y participar mensualmente en las reuniones del directorio de Inisa, y también, cada 15 días, participan en las reuniones de la juntas de tratamiento de cada uno de los centros.
Fulco expresó que el egreso del Inisa para los jóvenes que han pasado un promedio de tres años en la institución implica trabajar con lo que sucede en la sociedad y las familias. La firma de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social permite que el Instituto Nacional de la Juventud, a través del programa Jóvenes en Red, realice un monitoreo y aporte posibilidades al momento de la salida de la institución.
