Cacerolazo ayer domingo y paro nacional convocado para hoy. Siete muertos en protestas en Tegucigalpa y San Pedro Sula contra el presunto fraude electoral cometido por el presidente Juan Orlando Hernández el pasado 26 de noviembre y una semana entera para el recuento de los resultados. Cuando los haya, Honduras seguirá bajo el toque de queda decretado el pasado viernes y bajo la suspensión de derechos y garantías constitucionales. Decenas de miles de hondureños salieron de todas formas a la calle el pasado fin de semana, incluso en las horas del toque de queda (de seis de la tarde a seis de la mañana). Todo esto ocurre en uno de los países más castigados por la violencia, el crimen organizado y la corrupción en el hemisferio occidental y uno de los principales emisores de emigrantes hacia Estados Unidos.
La verosimilitud del fraude electoral en favor del presidente Juan Orlando Hernández –conocido a menudo por sus iniciales, JOH- se hace tanto más evidente cuanto que el nuevo recuento del Tribunal Supremo Electoral le da una ventaja mínima: un 43% del voto frente al 41,4% del candidato consensuado por los partidos de la oposición, la estrella de la televisión Salvador Nasralla. El Tribunal ha estado revisando 1.024 actas electorales pero la oposición reclamaba la revisión de 5.200 actas, algo en lo que estaban de acuerdo los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA). La oposición optó por no participar en este nuevo recuento.
El origen de la denuncia del fraude se encuentra en el hecho de que Nasralla encabezaba los resultados la semana pasada con un 57% escrutado cuando de repente apareció un gran paquete de votos en favor de JOH que indicaba una participación anormalmente alta en tres departamentos del país.
Para los hondureños que protestan y para la oposición está claro que JOH, de 49 años, intenta a toda costa ser reelegido presidente a fin de escapar a la justicia, ya que es sospechoso de vínculos con el narcotráfico. Hasta el momento, JOH ha tenido el respaldo de la administración Trump, pero esto podría cambiar. Honduras, uno de los países más violentos del mundo, es uno de los principales generadores de emigración hacia Estados Unidos, por lo que el mayor interés de Washington es la estabilidad en el patio trasero centroamericano.
La administración Obama contribuyó sin embargo en el 2009 de manera decisiva a la generación de inestabilidad y malestar social cuando respaldó un golpe que destituyó al presidente izquierdista Manuel Zelaya por su pretensión de celebrar un referéndum sobre su reeleción. La reelección inmediata de un presidente estaba prohibida por la Constitución. Sin embargo, JOH consiguió el año pasado que la Corte Suprema de Justicia y el Congreso aprobaran su nueva candidatura.
Previamente, y según denuncian defensores de los derechos humanos, el presidente se había desembarazado de sospechas de fraude electoral haciendo que el Congreso cambiara a cuatro magistrados que lo estaban investigando. Juan Orlando Hernández venció en las elecciones del 2013 a Xiomara Castro, candidata de izquierda y esposa del expresidentes Manuel Zelaya, quien ahora apoya a Salvador Nasralla.
El candidato opositor es conocido en Honduras como “el señor de la televisión”. Se trata de un ingeniero industrial de 64 años y de origen libanés, muy popular como periodista deportivo en televisión y como maestro de ceremonias de concursos de belleza. La candidatura de Nasralla es fruto del consenso en la Alianza de Oposición contra la Dictadura, que está formada por el partido Libertad y Refundación (Libre), el Partido Innovación y Unidad (PINU) y las bases del Partido Anticorrupción (Pac).
Según explicaba a La Vanguardia.com el jesuita y activista de derechos humanos Ismael Moreno Hernández tendría instituido un sistema de compra de votos entre la población más pobre a través de programas de asistencia social. Ismael Moreno era estrecho colaborador de la activista Berta Cáceres, asesinada en marzo del 2016.
La violencia se disparó en Honduras desde el 2009 con la caída de Manuel Zelaya y el acceso a la presidencia de Porfirio Lobo, también sospechoso como Hernández de vínculos con el narcotráfico. La noche del pasado viernes, una estudiante de 19 años, Kimberly Dayana Fonseca, fue la primera víctima mortal en el marco de las las protestas, aunque no está claro que tomara parte en ellas. Kimberly salió de su casa a las 23,40 h., al parecer en busca de uno de sus hermanos, y murió por disparos de los militares desplegados en Tegucigalpa.
