El Gobierno venezolano está cada vez más solo en la región. Es la primera consecuencia de la convocatoria de elecciones presidenciales para el 22 de abril, una decisión unilateral del chavismo adoptada la semana pasada sin el respaldo de la oposición. El calendario y las reglas del juego de esos comicios obtuvieron este martes el sonoro rechazo de los 14 países que integran el Grupo de Lima, entre los figuran las mayores potencias de América Latina. Los cancilleres reunidos en la capital de Perú analizaron el escenario que se abrió tras el fracaso de la mesa de diálogo de República Dominicana. La ministra peruana de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovín, anunció que la presencia del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, “ya no será bienvenida” en la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Lima del 13 al 14 de abril.
Inicialmente doce países suscribieron la declaración: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y el Perú. Luego se unieron Guyana y Santa Lucía. Estados Unidos no integra el grupo pero sí lo avala.
Los venezolanos están llamados a votar apenas ocho días después en unos comicios sin garantías. En este contexto, la declaración conjunta del grupo insta al sucesor de Hugo Chávez a presentar un nuevo calendario electoral, lo que coincide con una de las exigencias de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Los países de esta alianza –formada por México, Argentina, Colombia, Brasil, Canadá, Paraguay, Costa Rica y Panamá, entre otros- debatieron y apoyaron la decisión de revocar la invitación de Maduro a ese cónclave.
El argumento, explicó Aljovín, lo ofrece un texto aprobado en 2001 en Quebec durante la tercera edición de la cumbre: “Cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en cualquier estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en la Cumbre de las Américas”. Con esta premisa, y considerado que en Venezuela el consenso constitucional saltó por los aires el pasado mes de julio con la elección de una Asamblea Nacional sin voces críticas con el chavismo que funciona como brazo ejecutor del régimen, el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski decidió “reconsiderar la participación” en la cita de las autoridades de ese país.
El Grupo de Lima, que toma nota de la investigación abierta por el Tribunal de La Haya y del último demoledor informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la calidad de la democracia en Venezuela, incide en su rechazo a estos comicios. El diseño de la convocatoria, consideran los países miembros, “imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, con la participación de todos los actores políticos venezolanos, con observación y estándares internacionales, y reiteran que unas elecciones que no cumplan con esas condiciones carecerán de toda legitimidad y credibilidad”.
La declaración suscrita por los cancilleres recalca, además, “que no puede haber elecciones libres y justas con presos políticos, sin la plena participación de los partidos políticos y líderes detenidos o inhabilitados arbitrariamente, con una autoridad electoral bajo el control del Gobierno”, en referencia al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Horas antes del inicio de la quinta reunión, un grupo de venezolanos representantes de los partidos y movimientos de oposición entregó una carta a los cancilleres, en los que solicita cuatro medidas. Una de ellas es “poner en marcha un plan de emergencia de apertura de un canal humanitario, para proveer la ayuda humanitaria en comida y medicinas para el pueblo de Venezuela”. Algunos de los firmantes fueron Paulina Facchín, en representación de la Unidad; Juan Daniel Tapia de Primero Justicia, y miembros de Acción Democrática, Voluntad Popular y Operación Libertad. La medida fue aceptada y comentada por la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín.
