Han pasado las primeras 24 horas desde que el presidente brasileño, Michel Temer, decretara una intervención federal en el área de seguridad en Río de Janeiro, lo que entrega a los militares la tarea de acabar con una ola de violencia que desangra a ese estado desde hace meses, y la preocupación de las ONGs se ha disparado: “El entrenamiento militar es hacer la guerra”, dijo Human Rights Watch (HRW).
“En vez de entrar a hacer la guerra (en las favelas) deberían entrar a proteger a esos ciudadanos con justicia independiente, se debería tener otra configuración de seguridad publica y no acciones bélicas”, añadió Edison Diniz, director de “Redes da Maré”, ONG que promociona el desarrollo sostenible en el complejo de la Maré, el mayor conjunto de favelas de Río de Janeiro, cuestionó la decisión del presidente.
Pero para Temer los militares son la solución. “No podemos seguir aceptando pasivamente la muerte de inocentes. Es intolerable que estemos enterrando madres y padres de familia, trabajadores, policías, niños y niñas, y que veamos barrios enteros sitiados, con sus escuelas bajo la mira de fusiles”, declaró Temer tras firmar la medida, inédita en la historia de Brasil.
Esa frase del presidente fue casi una fotografía del día a día de la población carioca, que es víctima desde hace más de un año de una creciente e indiscriminada violencia urbana que el año pasado causó 6.731 muertes, entre las que se cuentan las de más de cien policías y diez niños, muchos alcanzados por las llamadas “balas perdidas”.
La decisión de decretar la intervención federal fue adoptada tres días después del fin del carnaval, la fiesta popular más importante de Brasil y, en particular, de Río de Janeiro, donde este año se vio manchada por numerosos y graves episodios de violencia, incluso en los alrededores del popular y vigilado Sambródromo.
Antes de llegar a este extremo, el Gobierno brasileño ya había desplegado a mediados del año pasado a 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas en Río de Janeiro, pero con áreas de actuación limitadas y que fueron insuficientes para devolver la tranquilidad a una ciudad que es “la cara” de Brasil ante el mundo.
“Ustedes saben que el crimen organizado casi que se apropió del estado de Río de Janeiro”, en una “metástasis que se expande por el país y amenaza la tranquilidad de nuestro pueblo”, dijo Temer en la ceremonia, acompañado por miembros de su gabinete y autoridades de Río de Janeiro.
Según Temer, el decreto entra en vigor “inmediatamente”, pese a que deberá ser ratificado por el Parlamento por imperativos legales.
De acuerdo a la Constitución, las cámaras legislativas deberán ser convocadas para debatir el asunto en un plazo de díez días, pero tanto la directiva de la Cámara de Diputados como del Senado ya han manifestado su respaldo la decisión y anunciado que el asunto será tratado la semana próxima.
Temer explicó que adoptó esa “medida extrema porque todas las circunstancias así lo exigen” y aseguró que habrá “respuestas duras y firmes para enfrentar y derrotar al crimen” organizado.
