La Asociación de Escribanos se manifestó en la Torre Ejecutiva, en el último consejo de ministros de marzo, junto a los arquitectos del Ministerio de Transporte. Los escribanos dejaron una carta al presidente Tabaré Vázquez para ser recibidos. Reclaman por la entrada en vigencia de algunas disposiciones de la ley de inclusión financiera. Los profesionales señalan que «es inadmisible que se exija el pago de una multa ante un negocio nulo». Agregan además que también lo es «que quien lava dinero lo pueda arreglar con el pago de una multa». Al encuentro se sumó el movimiento «Un solo Uruguay», acompañado de la Cámara Inmobiliaria, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, la Agrupación Universitaria del Uruguay, Cambadu, la Cámara de Comercio y la Federación Rural del Uruguay. Ana María Ramírez, presidenta de la Asociación de Escribanos, afirmó que la seguridad jurídica del país está en juego y explicó que el decreto actual afecta los compromisos de compra venta, por ejemplo de automotores y de propiedades que se pagan en cuota. «La ley mandata que los escribanos deben protocolizar todos los recibos de pagos para que los mismos sean válidos, hay personas que pueden ser estafadas y no tienen garantías, el problema radica en que la mayoría no conocen este tema y se expone a ser sorprendida. Los escribanos estamos saturados de trabajo a pesar de que la mayoría desconoce este tema» comentó Ramírez.
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Paralelamente a la concentración de la Asociación de Escribanos, los trabajadores del Ministerio de Transporte se movilizaron en la Torre Ejecutiva, a la misma hora esperando ser recibidos por el presidente Vázquez, tras la falta de negociaciones con el encargado de la cartera, Victor Rossi.
El ministro aseguró que esa discusión no formó parte de la sesión del Consejo del Ministro de esta jornada aunque afirmó que se está trabajando al respecto.