El Senador del Frente Amplio Daniel Garín y el dirigente de la Federación de Funcionarios de OSE debatieron en Fuentes Confiables sobre la Ley de Riego. FFOSE impulsa la recolección de firmas para consultar a la población sobre la derogación de la misma, mientras que desde el gobierno se defiende el alcance de la misma.
Aldo Silva moderó este debate que permitió conocer las posturas de ambas partes.
En defensa de la Ley vigente, Daniel Garin manifestó que «hay que seguir utilizando el agua para mejorar la producción agropecuaria. Una de ellas es represar o almacenar el uso de esa agua. Si no le damos apoyo a los emprendimientos asociativos, van venir otras empresas a utilizarlas. Y ahí si vienen las multinacionales. Con esta ley apoyamos a los pequeños productores. Queremos generar que entren nuevos productores y se objeta. En el Uruguay hay 1242 embalses de agua y la mayoría están en cuencas hídricas que no tienen problemas ambientales. En el año 2009, Uruguay comenzó a aplicar su Ley de Suelos. Ya tenemos reconocimientos internacionales. Lleva tiempo. Se va a poder controlar. Claro que sí. Tenemos que ir generando las capacidades. No teníamos hasta ahora gente formada para hacer funcionar y controlar estos sistemas de riego. No es cualquiera que puede hacer riego. Hay que manejar muchas variables de ingeniería y se precisa conocimiento. No hay ningún proyecto presentado por el momento. Es importante transmitir que los controles han aumentado poco a poco en los gobiernos frenteamplistas. El permiso de utilización del agua lo da el Estado. La innovación es que se asegura un caudal ambiental. Cuando se da el permiso queda asegurada. Eso no existía en nuestra legislación. En caso de que ingresen personas jurídicas, lo pueden hacer siempre que sean autorizados, no pueden tener una actitud dominante y tienen que traer tecnología. Generamos una oportunidad para que entren nuevos empresarios al sector agropecuario, cuando se pierden productores día a día. Es una paradoja que se critique eso. Es un beneficio».
Por su parte Ricci explicó que «estamos en contra de la ley porque contradice la Constitución, porque además mercantiliza el uso del agua y además produce impacto ambiental. Tenemos hasta el 27 de octubre para juntar firmas y sería una buena cosa que el gobierno tuviera un acto de sensibilidad, que dijera: «saben una cosa: demos marcha atrás y juntemonos para hablar sobre la política de aguas. Para nosotros hay que derogar la ley. Hay que seguir expandiendo el riego. Tenemos que seguir dialogando para mejorar el aprovechamiento del agua para que los uruguayos lo aprovechen. Acá hay una realidad nueva desde el 2004. La gente en su gran mayoría resolvió que los recursos hídricos se deben gestionar de determinada manera. El gobierno lo quiere reconocer. Desde enero de 2017, OSE es la única empresa pública que aumentó sus tarifas por arriba de la inflación. El Ministerio de Economía aplicó un sobrecargo para financiar obras para mitigar el impacto ambiental. Hasta ahora no apareció ninguna obra. El modelo que transmite la ley es que todos paguemos los impactos ambientales de una actividad determinada. Esta ley da exoneraciones tributarias a inversores.Por ej: impuesto a la renta. Les permite exonerar también a sus actividades particulares. Desde el año 78 hasta hoy por el canon ha recaudado 0 peso. No ha podido cobrarle el Estado a nadie por utilizar el agua. Es algo no creíble que el Estado pueda controlar a alguien. Con exiguo personal y financiación no se puede controlar. Los grandes problemas que existen en las cuencas es por la ausencia clara del Estado. Es una ley absolutamente irrealista. El Estado no tiene las condiciones necesarias para que haga las verificaciones ante obras de gran porte que permite la ley. Esta ley habilita a inversores de cualquier rubro, no solo a productores y pueden ser nacionales o extranjeros para gestionar el agua. Puede venir una multinacional. El artículo 47 de la Constitución dice que las aguas públicas son de dominio estatal. Con esta ley se les entrega el uso a los privados. Con todo respecto a los juristas que asesoraron a los legisladores. El artículo 47 de la Constitución establece como se debe gestionar el recurso agua. Dice que la gestión, la planificación y el control debe tener participación la sociedad civil».
Aquí el audio completo del debate:
