El juez argentino Claudio Bonadio determinó este lunes el procesamiento con prisión preventiva de la ex presidenta Cristina Fernández, por la causa originada a partir de los «cuadernos» que registraban presuntas coimas.
Según informó el diario argentino Clarín, el juez imputó a Fernández como «jefa» de una organización «paraestatal» dedicada al cobro de coimas a empresarios.
El juez dictó la prisión preventiva de la ex presidente. Como es senadora, para que se concrete la detención a Cristina Kirchner deben quitarle sus fueros parlamentarios. Sin embargo, el magistrado dejó pendiente el pedido de desafuero hasta que la Cámara Federal revise la decisión que firmó este lunes, minutos después de las 15. Si la Cámara confirma el procesamiento, entonces se pedirá el desafuero.
En la introducción de la resolución de más de 500 páginas, Bonadio describe el funcionamiento de la asociación ilícita que sitúa entre los años 2003 y 2015, durante los 12 años de gobierno kirchnerista. Para el juez se «hizo funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro, etc., etc., y todo esto se hizo para distribuir coimas a funcionarios corruptos a cambio que, por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenaran los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones, sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a las presiones oficiales, en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados».
Bonadio señaló que: «Esta mecánica funcionaba más o menos así: para ganar una obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios al transporte automotor o empresas prestatarias de bienes y servicios por cuenta y orden del Estado Nacional, una empresa o grupo de empresas -UTE- entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba, a los funcionarios que Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández designaban para esos menesteres a fin de recibir esos «retornos» o «coimas».
Y agregó :»Claro está que los fondos pagados por el Estado por esas contrataciones estaban «inflados» en perjuicio del conjunto de los argentinos y con el sólo objetivo de enriquecer ilícitamente a funcionarios y empresarios corruptos. El producido de esos sobornos era utilizado para sufragar de manera ilegal actividades de naturaleza electoral, o vinculadas a la gestión política del gobierno y de organizaciones satélites; también se determinó que partes de esos fondos se desviaron para comprar voluntades del Poder Judicial o funcionarios que supieron trajinar algún organismo vinculado a tareas de inteligencia política; pero el grueso de esos fondos fueron destinados a engrosar de manera espuria e ilegal, el patrimonio personal de quienes entre los años 2003 y 2015 ocuparon los más altos cargos de la República».
En la resolución Bonadio también procesó a empresarios y a ex funcionarios del Ministerio de Planificación del kirchnerismo como el ex ministro Julio De Vido,el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex subsecretario de Coordinación Roberto Baratta, señalado por Centeno- su chofer- como el encargado de la recaudación en bolsos.
De Vido y Baratta seguirán detenidos y López bajo el sistema de protección de testigos e imputados. También fue procesado el chofer Oscar Centeno, quien escribió detalles sobre el sistema de recaudación y declaró como arrepentido. Oscar Parrilli, ex secretario general de la Presidencia y quien encabezó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en los últimos tiempos del kirchnerismo, también está entre los procesados. Seguirán detenidos los ex funcionarios Rafael Llorens, José María Olazagasti, Walter Fagyas, Jorge Mayoral, Germán Nivello, Hernán Gómez, Fabián García Ramón y Nelson Lazarte.
