El programa del Partido Nacional contiene 120 medidas para intentar cambiar la situación de seguridad del país, donde se apunta a un Plan Nacional de Gestión de la Calidad.
El excomisionado parlamentario penitenciario y actual asesor en seguridad de Luis Lacalle Pou, Álvaro Garcé, opinó sobre los datos del Ministerio del Interior acerca de la tasa de homicidios y rapiñas. En el primer semestre -y en comparación con el mismo periodo de 2018- disminuyeron los homicidios y los hurtos, pero aumentaron las rapiñas, según indica el informe presentado por el Ministerio del Interior.
Garcé señaló que no hay certezas de que los hurtos hayan bajado, porque podrían haber descendido los registros. Eso no indica que el hecho delictivo haya bajado, expresó. Y agregó que es necesario tener indicadores objetivos, “no se puede evaluar ni corregir si no se mide”. En el programa de gobierno, su fuerza política apuesta a la construcción de indicadores transparentes y fiables, que permitan hacer un seguimiento de la realidad. Tiene que ser una prioridad, afirmó.
Apuntó que hoy las cifras e indicadores que maneja el Ministerio del Interior para realizar los informes, “no son confiables y están contaminados por directivas políticas”. Consideró que se debe concretar una profesionalización del manejo de las cifras para orientar a que el Estado adopte las decisiones necesarias.
En otros temas, el informe de 2018 presentado por el actual comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, indica que en el año anterior hubo 37 fallecidos en cárceles, de los que 27 fueron muertos violentos y 10 por causas de enfermedad.
Un 35 % de la población penitenciaria “está en unidades de condiciones que implican tratos crueles, inhumanos o degradantes”, un 39 % está en lugares con “insuficientes condiciones para la integración social” y 26 % en un espacio “con oportunidades de integración social”. En cuanto al nivel de hacinamiento, se destaca que “se ha bajado a mínimos” gracias a “la construcciones de nuevas plazas y apertura de nuevas unidades”.
Garcé coincidió con aplicar políticas que permitan mitigar la cantidad de muertes violentas, tratos crueles, violencia institucional y eliminar las malas condiciones de los penitenciarios. “En las comisiones no se rehabilita nadie”. Garcé aclaró que es necesario trabajar en educación, trabajo y salud.
“Coincido totalmente con el diagnóstico que hace el comisionado parlamentario”. En referencia a Petit, dijo que “tanto él como su equipo están haciendo un gran trabajo. Los datos son preocupantes, hay un retroceso del sistema carcelario”.
En esta línea, sentenció que el gobierno “relevó completamente al sistema penitenciario y las consecuencias están a la vista”. Añadió que la tasa de homicidios en las cárceles, equivale a la tasa de homicidios en una zona de conflictos.
En relación al hacinamiento, el asesor del presidenciable Luis Lacalle Pou, dijo que “está limitado a algunos sectores donde hay superpoblación”. Sostuvo además que la razón de la “crisis” en estos lugares se debe a un “abandono” del Estado. “Los delincuentes mandan en las cárceles e imponen la ley del terror.
Replantear y refaccionar
El asesor en seguridad dijo que el gobierno uruguayo debe “admitir que se está en problemas” para enfocar los recursos de manera que desemboquen en “resultados prácticos en la solución de la emergencia”, expresó.
Consideró que en materia carcelaria se debe coordinar en áreas específicas con el Ministerio de Desarrollo Social, con Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Interior.
Garcé recordó que, según lo recomendado a nivel internacional, los centros penitenciarios no deberían tener más de 400 internos porque, de lo contrario, se transforman en “ingobernables, y eso es lo que ha pasado aquí. Se fue en un camino totalmente equivocado”.
Al respecto, criticó el proyecto de la cárcel de Punta de Rieles, recientemente inaugurada. Es la primera obra bajo la modalidad Participación Público- Privada (PPP) del país. El complejo está distribuido en 27 edificios que suman unos 60 mil metros cuadrados construidos, más de 9.700 m² de patios exteriores y 25.000 m² de área pavimentada de tránsito.
Garcé plantea que el ex Comcar debe ser dividido en tres o hasta cuatro unidades independientes. También hizo referencia a una reestructura necesaria para el Penal de Libertad. “En la medida de que no mejoren las cárceles, muy difícilmente mejorará la situación de inseguridad del país”, aseguró.
Apunta a un “rediseño de bajo costo”. Explicó que en los centros de mínima seguridad, de mínima capacidad como chacras, se pueden ampliar a mínimos costos. “Resulta pésimo que los internos no estén clasificados por tipo de delito”, sentenció.
El Partido Nacional considera que se debe construir una cárcel de máxima seguridad; el proyecto fue presentado en el programa del sector Todos en el mes de abril, que luego fue tomado por el proyecto único de la fuerza política.
Se trata de un centro que albergue a individuos de más alta peligrosidad de fuga; se debe adaptar a los estándares de seguridad de nivel internacional, según remarca Garcé. “Es una necesidad objetiva que el país tiene pendiente desde hace mucho tiempo”.
