Un cedulón de desalojo, firmado por juez, imposibilitó que unos 20 cubanos continúen viviendo en una pensión ubicada en las calles Hermano Damasceno y Paysandú. Se conocen más casos.
También fue el caso de una inmigrante que radicó la denuncia la semana pasada. Declaró haber comprado una casa en el barrio Pocitos, en la suma de 140.000 pesos uruguayos. También tuvo orden de desalojo por el propietario. Las víctimas se encuentran ante la perspectiva de tener que retirarse porque están en medio de un juicio del que no fueron parte.
Los migrantes no conocen la normativa ni la regulación del Uruguay y el propietario de la finca le habría dado a un tercero, el inmueble en préstamo. Se trata de instalaciones en precarias condiciones para habitar. Éste lo alquila a quienes llegan, en búsqueda de un techo a nuestro país y pide el dinero por adelantado. Unos cinco mil dólares, aproximadamente; pagan “uno o dos años por adelantado”, según explicó a 970 Universal el abogado y titular del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Juan Ceretta.
El abogado de los inmigrantes recomienda que cuando estas personas lleguen a Uruguay, busquen asesoramiento en relación a temas de vivienda, para evitar estos casos. Los martes a la hora 20:00, está disponible el consultorio de la facultad (dirección: 18 de Julio 1824) para quienes deseen evacuar dudas.
Ahora presentarán un expediente en la Fiscalía con una denuncia penal respecto a la estafa que fueron víctimas. Aún así, Cerretta dijo que si bien se conocen “solo los que llegan a nosotros”, llama la atención que se repita la modalidad.
Mientras tanto, en el caso de la situación de la vivienda en Pocitos, la Intendencia de Montevideo gestionó un lugar para que esas personas, cuyo objetivo es que no queden en situación de calle. Aún así, Ceretta indicó que recurren muchas veces al Ministerio de Vivienda, en busca de una solución habitacional provisoria para evitar que estas personas -en varios casos con menores- terminen en la vía pública.
