«A diario llegan quejas de clientes que acuden a sucursales en las que no se les da ninguna solución», indican.
El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay trasladó a la Ministra de Economía Azucena Arbeleche la preocupación de los profesionales por la excesiva lentitud del sistema bancario público y privado para instrumentar las medidas promovidas por el Gobierno.
En la carta enviada esta semana al Ministerio de Economía, los profesionales coinciden con el enfoque del Poder Ejecutivo en que el dinamismo de la problemática sanitaria y sus efectos sociales y económicos hacen necesario monitorear la situación, para ir ajustando las medidas ya tomadas e ir diseñando nuevos instrumentos que abarquen necesidades emergentes o colectivos aún no atendidos.
En ese sentido, los profesionales indican que a diario llegan quejas de clientes que acuden a sucursales en las que no se les da ninguna solución o se les plantean requisitos imposibles de cumplir o tiempos de espera totalmente inapropiados.
«La misma urgencia y dedicación con que se atienden los casos en el sistema de salud para que no se saturen los CTI, debería adoptar el sistema bancario para que su mayor liquidez por la liberación de encajes, efectivamente se traslade a las empresas para sortear el ahogo actual y evitar la destrucción de capital y sus negativas consecuencias sobre la futura reactivación», indica la misiva.
En la carta también se indica que un segundo foco de preocupación son las empresas más pequeñas que son el eslabón más débil de toda la cadena empresarial. “El Gobierno ya ha dictado medidas de alivio para las empresas más vulnerables como son los monotributistas y los contribuyentes del literales E, pero advertimos que sería necesario instrumentar alguna medida fiscal específica para el escalón siguiente que son aquellas que pagan los anticipos mínimos de IRAE».
Para solucionar esa inequidad, proponemos que quienes han reducido sus actividades en el 100%, puedan optar por comunicar su suspensión de actividades y dejar de realizar sus anticipos mínimos de IRAE hasta tanto reinicien sus actividades. A su vez, para las restantes proponemos que los anticipos mínimos se reduzcan al 50% mientras dure la actual emergencia sanitaria”, expresan los contadores y economistas.
Esto condiciona enormemente la posibilidad de cumplir en tiempo y forma con las declaraciones juradas anuales de: IRPF, IRAE, ICOSA e Impuesto al Patrimonio de empresas y personas físicas e Impuesto de Primaria para Rurales de predios pequeños, a presentar en abril y mayo, por lo que reiteramos la solicitud para que se difieran esos vencimientos por lo menos en 30 días.
