Por César Bianchi
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, reconoció algunos cambios para mejor en la versión de la ley de urgente consideración (LUC) que ingresará mañana al Parlamento, pero le dio un tirón de orejas a los redactores de la misma eninstitutos del sistema penal que quedaron poco claros. “Hay que resaltar que entre el proyecto de febrero y el proyecto de abril hay un avance en muchos puntos, en alguno puede haber un retroceso, pero en muchos puntos hay un avance importante”, admitió Díaz en entrevista con César Bianchi en 970 Noticias de 970 Universal.
Con la redacción anterior del anteproyecto, Díaz entendía que en procura de mejorar la persecución criminal iban a conseguir lo contrario: disminuir las condenas. El fiscal de Corte valoró especialmente los cambios respecto al proceso abreviado. “Creemos que se soluciona el problema fundamental, que era un aumento sustantivo en la cantidad de juicios orales que se iba a producir como consecuencia de la no utilización del proceso abreviado. Es importante el avance que se ha conseguido. Además, se mantiene el principio de oportunidad, más allá de que es un poco engorroso el trámite, de todas maneras queda a salvo esa herramienta”, dijo.
Pero no todas fueron flores. “El proceso abreviado se salva con nota, se mantiene el principio de oportunidad, y se incluyen algunas cosas positivas para la Fiscalía, por ejemplo, la unificación de la fiscalía civil y de aduana en Montevideo, con lo cual ganamos una fiscalía más para el sistema acusatorio. Pero hay aspectos negativos, absolutamente negativos, como la posibilidad del juez de acceso a la carpeta, a la investigación del fiscal. Estamos radicalmente en contra de eso, y el proceso simplificado, ahí retrocedimos 200 casilleros”, sostuvo.
“La regulación del proceso simplificado tiene enormes dificultades de redacción. Hace referencia a una audiencia preliminar y una audiencia complementaria que no existen en el sistema penal. Se le cambia el nombre de proceso extraordinario a proceso simplificado, pero se sigue hablando de proceso extraordinario… es decir, tiene problemas importantes de redacción. ¡Este proceso simplificado tiene la demanda y la contestación al final del juicio! Entonces, la prueba se diligencia antes y no sabemos ni quién diligencia la prueba, ni cual es el objeto del proceso… Además de que no se adapta al modelo constitucional, es ilógico”, dijo Díaz, desconcertado.
Checho Bianchi le preguntó por los cuestionamientos a la Justicia de parte de Guido Manini Ríos y Rivera Elgue, connotados dirigentes de Cabildo Abierto. Díaz lo interrumpió: “Mire, yo no puedo entrar en el debate político. Le
digo lo siguiente: en el año 1985 el gobierno uruguayo encabezado por Sanguinetti ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Pacto de San José de Costa Rica, y sin estar obligado a ello, Uruguay reconoce la jurisdicción de la CIDH. Es decir, Uruguay está condenado por la CIDH, a cuya jurisdicción se sometió voluntariamente, a cumplir con determinadas actividades. Dentro de las actividades, es que esas graves violaciones a los derechos humanos en el período de terrorismo de Estado son imprescriptibles, y no se puede hablar ni de prescripción, ni de cosa juzgada”, sostuvo.
“Y no importa si esas personas son septuagenarias u octogenarias, entonces…”, acotó el periodista. “No, no, es que no es político, es un mandato jurídico”, sentenció Jorge Díaz.
Escuchá la entrevista de César Bianchi con el fiscal de Corte en 970 Noticias.
