Investigan una fuga cercana a los 10 millones de pesos por impago de alquileres de refugios.
Según publica El País, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) otorgaba a las ONG y cooperativas que atienden refugios el dinero necesario para el pago del alquiler de la vivienda y para los gastos de funcionamiento (incluyendo los salarios).
Según el informe 15 de ellas no efectivizaron el pago a los propietarios de los locales.
Se estima, ante esta situación, el Estado terminó haciendo un doble reembolso ya que el Ministerio de Vivienda, como era garantía del alquiler, debía abonar la cuota a los propietarios.
