Las instituciones son designadas por los organismos legislativos, nacionales o departamentales, por mayorías especiales.
Ante cuestionamientos en los últimos días la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), en representación de sus titulares y ex titulares de “mecanismos ombudsman” en Uruguay sacó un comunicado. En primera instancia señalan que como todo actor público “la INDDHH está sometida al escrutinio y valoración de la opinión pública”.
En todo el mundo, la instalación de los “ombudsman” superó dudas y resistencias para consolidarse y comprender su particular naturaleza. En América Latina las primeras Defensorías del Pueblo, como se llamaron inicialmente, surgieron a mediados de la década de los 80 y se extendieron con fuerte foco en los Derechos Humanos y las políticas públicas para impulsar no sólo derechos civiles y políticos sino también económicos, sociales y culturales.
En Uruguay, la primera figura ombudsman fue el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario creado por ley en el año 2003 e inició funciones en 2005. También en 2003 la Junta Departamental de Montevideo creó la figura de la Defensoría del Vecino (DVM) que abrió sus puertas en diciembre de 2006. En el año 2008 se aprobó la ley de creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo cuyo primer Consejo Directivo formado por cinco integrantes asumió en 2012.
«Las instituciones son designadas por los organismos legislativos, nacionales o departamentales, por mayorías especiales. El debate actual sobre los “mecanismos ombudsman”, debe entenderse desde la perspectiva de que Uruguay se encuentra aún en un proceso de consolidación de la “cultura del Ombudsman”, afirman.
«La característica fundamental de estas instituciones parte de la ciudadanía que presenta sus quejas en función de ver afectados sus Derechos Humanos y promueve la participación ciudadana. Estos mecanismos suponen un enorme avance para la protección de los derechos de las personas, de sus vidas y también de la mejor administración y gestión de las políticas públicas».
Creemos que el actual desafío para el Sistema Político, para las autoridades de las instituciones, para los medios de comunicación, para las organizaciones de la sociedad civil y para la ciudadanía en general, es ejercer una actitud respetuosa y de cuidado hacia esta herramienta de protección de derechos humanos y trabajar de manera mancomunada para la consolidación de los “mecanismos ombudsman”, sus mandatos, su eficiencia y su servicio a la ciudadanía
