El Frente Amplio solicitó la “destitución inmediata” de la jerarca por causa que Justicia indagó y se archivó.
El presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Pablo Abdala, dijo que la institución “no tuvo injerencia” en el programa que llevaba adelante Gabriela Bazzano, en la organización social “Seamos” que consistía en la entrega de hijos de personas con discapacidad intelectual a otras familias sin que el trámite pasara por el INAU ni por otros organismos estatales.
La causa de la actual secretaria general del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) y directora del programa nacional de discapacidad (Pronadis) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), fue archivada en 2017. Este sábado las bancadas de senadores y diputados del Frente Amplio exigieron al presidente Luis Lacalle Pou “la destitución inmediata” de Bazzano luego que La Diaria publicara la investigación judicial.
Abdala dijo que “es una funcionaria que está bajo la jerarquía del Mides, la respuesta a eso debe darla el ministro (Pablo) Bartol”. Agregó “no puedo ni debo opinar, creo que es el Poder Ejecutivo debe tomar las decisiones que corresponda si corresponden”.
Aseguró que “Inau no tuvo injerencia en la intervención porque se trató de niños que no estaban institucionalizados. Cuando se le pidió intervención al Inau en alguno de esos casos, Inau le expreso a la Justicia que se abstenía de opinar porque no eran niños que estuvieran en nuestros cuidados”.
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El jerarca explicó que “el Código establece que cualquier persona puede pedir la tenencia de un menor, cuando no está a cargo de nadie, pero esa solicitud de tenencia no implica el derecho de adoptar el niño”. “Inau tiene sus competencias, pero los jueces tienen la suya. Inau en la mayoría de los casos interviene porque es quien hace el proceso de selección de la familia pero no llega a intervenir en todas las situaciones”.
Según el informe periodístico, a través de la organización social “Seamos”, que dirigía Bazzano y que fue objeto de denuncia, investigación policial y hasta escuchas telefónicas a partir del año 2015. El caso llegó a la Justicia y finalmente fue archivado. Los legisladores anunciaron además que también citarán al ministro de Desarrollo Social Pablo Bartol a la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Parlamento.
Fotos: Dante Fernandez / FocoUy
