Argumentan que “se debe demostrar que esas reuniones constituyen un riesgo claro para la salud de la población”.
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) se expresó sobre el proyecto de ley que envió el ejecutivo al parlamento sobre la modificación del artículo 38 de la Constitución Nacional. Señalan que “el proyecto otorgaría a las autoridades públicas la potestad de disolver reuniones que amenacen la salud pública”.
En esa línea considera acertada la iniciativa del Poder Ejecutivo de enviar una propuesta de reglamentación al Poder Legislativo dado que el ejercicio del derecho de reunión admite restricciones por razones específicas como las mencionadas, siempre que estén dispuestas por ley.
En la misma la institución considera oportuno recordar, desde un enfoque de Derechos Humanos, “los principios que deben regir las limitaciones legales al ejercicio de los derechos humanos”. Entiende que este tipo de medidas debe considerarse como una medida de último recurso. “Se debe demostrar que esas reuniones constituyen un riesgo claro para la salud de la población”, argumentan.
Para la institución se deben evitar las ambigüedades en las definiciones; por ejemplo es importante dar contenidos precisos a la expresión “aglomeración que amenaza la salud” de la población. «La Ley debe prever que toda actuación de un agente estatal tendiente a su aplicación, deba realizarse estrictamente bajo los términos por ella establecidos, privilegiando siempre las acciones preventivas y disuasorias frente a las represivas», señala el texto.
“Las limitaciones establecidas por la Ley deben ser razonables y proporcionales al peligro que se desea evitar. Se debe asegurar en todo momento que exista una adecuación entre el fin buscado y los medios para lograrlo”, indican.
También hacen hincapié en que la limitación del derecho de reunión no debe ser usada para justificar la restricción de otros derechos humanos, y particularmente no debe afectar la libertad de expresión, el derecho de asociación o el ejercicio pleno de todos los derechos civiles y políticos.
Foto Joaquin Fernandez/FocoUy
