El legislador dijo que el fiscal Rodríguez «tiene como jerarca al Dr. Díaz, que claramente ha sido un fiscal comprometido con la política del gobierno (…) Me pongo en el lugar del fiscal actuante y (pienso) la consecuencia que ese dictamen podría haber tenido para su carrera y para la economía”.
La Fiscalía Penal de Delitos Económicos y Complejos de primer turno dispuso el archivo de la denuncia presentada contra exjerarcas estatales por irregularidades en la firma del contrato entre la empresa UPM y el Estado uruguayo. Eduardo Lust, diputado por Cabildo Abierto, fue uno de los demandantes. En entrevista con 970 Noticias Edición Central, Lust afirmó que discrepa jurídicamente con el fiscal Enrique Rodríguez – a quien describió como “un gran jurista”- y reafirmó que su “problema no es con UPM”, puesto que hay dos plantas más sobre las que no tiene “nada que decir” sino con esta, que “no fue hecha a derecho”.
“La consecuencia de un dictamen para un funcionario público es muy pesada. El delito tiene un castigo muy menor, (Miguel Toma, Juan Roballo y Andrés García) no iban a ir ni presos, pero se iba a anular el contrato ferroviario. Y sin tren, no hay planta. (Hay que pensar) eso, en la postura de un funcionario de la Fiscalía que tiene como jerarca al Dr. Díaz, que claramente ha sido un fiscal comprometido con la política del gobierno, no solo desde el punto de vista jurídico sino en otros aspectos. Ha sido el precursor de un sistema procesal penal que nosotros sostenemos que no se adapta al sistema nuestro. Me pongo en el lugar del fiscal actuante y (pienso) la consecuencia que ese dictamen podría haber tenido para su carrera y para la economía”, indicó el legislador como algunos de los motivos a los que aduce la decisión del fiscal.
El fiscal Rodríguez decidió archivar la causa, actuando “dentro de sus competencias”, dijo Lust. Pero también “está dentro de la competencia del denunciante, si tiene elementos nuevos, sacar el expediente del archivo. Nosotros tenemos elementos nuevos que queremos aportar”.
“El ámbito penal es muy preciso. Se describe tan minuciosamente que si a usted le falta un elemento, aunque todos los otros los tenga, ya no incurre en delito. Es un derecho restrictivo, favorece la libertad. Eso se ha tomado, en este caso, al pie de la letra. El fiscal podría haber ido por la otra biblioteca y haber dicho ‘bueno, acá falta un consentimiento’, incluso hasta él reconoce que es discutible. En un juzgado civil podría prosperar, pero él cree que eso no es delito. Él podría haber creído que es delito y su dictamen sería tan legítimo como este”, arguyó Lust.
El Movimiento por un Uruguay Sustentable está preparando una demanda civil para febrero en base a esta vista fiscal. Preparan, informó el diputado cabildante, cinco acciones de amparo frente a cinco juzgados distintos contra el trazado del tren de UPM. Incluso se presentó un informe en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También se presentará una demanda civil para la nulidad del contrato que se basa en: objeto, precio, causa y capacidad.
Los argumentos de Eduardo Lust por los que discrepa con el dictamen oficial
El legislador sostiene que en el dictamen, “básicamente se dice que la conducta tiene naturaleza delictual”. Discrimina, en esa línea, dos puntos: el precio del cánon de la vía y si el doctor Toma, Roballo y el economista García tenían competencia para hacer los cambios en el contrato.
- El cambio de precio
De la investigación, dice Lust, se desprende que la discordancia en la cifra parte de un error de traducción al copiar el contrato del inglés al español. “Eso quiere decir que el Estado uruguayo no redactó ningún contrato como se nos había dicho a nosotros, que había sido redactado entre ambas partes. Los finlandeses lo redactaron en inglés y los uruguayos lo copiaron, pero lo copiaron mal según el fiscal”, expone. “No coincido con el Dr. Rodríguez porque en ese contrato que es el contrato más importante en la historia del Uruguay no puede haber un error de copia. Se debería haber leído cientos de veces. Nuestra delegación actuó a voluntad de la delegación de Finlandia”, valoró.
- ¿Los representantes uruguayos tenían poder en materias civiles discutibles?
Según Lust, la vista fiscal dice que el constata que la resolución del presidente de la República autorizando a Toma, García y Roballo a firmar el contrato lo autorizaba a realizar todos los cambios sin consultar al presidente siempre que los cambios se realizaran antes de firmar el contrato. Allí se podrían haber subsanado los errores, pero la irregularidad consiste en que el contrato está fechado en noviembre del 2017 y la modificación corresponde a abril del 2018, por lo que el presidente debería haber dejado por escrito la autorización.
“La Fiscalía cree que, tal vez, esa conducta acarree la nulidad del contrato, pero no configura una figura penal. El Código Penal dice que el funcionario público a cambio de nada beneficia a un tercero, comete un delito. Sostenemos la misma figura y no compartimos el dictamen. Reconocer que el delito existía implicaba la nulidad del contrato ferroviario, eso es una consecuencia tremenda”, consideró el demandante.
“Los delegados uruguayos cambiaron el contrato sin un informe jurídico de Presidencia que lo ampare. Es decir, nosotros le preguntamos a la Fiscalía: ‘¿Esta gente pidió un informe jurídico para ver si podían cambiar el contrato o no?’ No lo pidieron, hubo un informe verbal de una abogada de Presidencia que no quedó por escrito.”
“Si no supiera que es el ministro Heber diría ‘este señor es un gerente de UPM’” y otras críticas al oficialismo
El diputado de Cabildo Abierto sostuvo que el gobierno actual “podría haber tomado una resolución política al respecto sin tener ninguna responsabilidad ni consecuencia” para subsanar la situación “pero sigue la política del gobierno anterior” y “por eso lo único que le queda a la gente es recurrir al Poder Judicial”.
“Dése cuenta que el ministro de Transporte, en las declaraciones a un diario el domingo pasado, dijo «me puse a construir la doble vía para UPM en la Ruta 5». ¿Usted sabe lo que es hacer una doble vía? Hacer una doble vía en una ruta nacional implica un proyecto y un estudio que puede llevar hasta dos años. Como UPM no puede detenerse le van a hacer una doble vía a un costo de un millón de dólares el kilómetro. ¿En qué parte del Partido Nacional estaba una doble vía en la Ruta 5? Pero como UPM la pide, el ministro ya sale a decir que la va a hacer”, criticó.
Consultado sobre si reafirmaba sus dichos sobre que el ministro Heber debería renunciar por haber dicho que había puesto a la cartera a “trabajar para UPM”, Lust replicó: “Que un ministro confiese eso es grave (…) El ministro de Transporte parece un funcionario de UPM, uno si no supiera que es el ministro Heber dice «este señor es un gerente de UPM». Él habla en primera persona. Heber que es un gran legislador, de trayectoria política muy importante, lamentablemente en cargo de ministro de Transporte y Obras Públicas no le queda bien porque él trabaja para UPM”.
Lust extendió las críticas al ministro de Ambiente, el colorado Adrián Peña: “El ministro de Ambiente descubre que UPM está haciendo obras viales sin autorización ambiental y ¿cómo lo descubre? porque va en un viaje oficial, ve una gran infraestructura y pregunta ‘qué es eso’ (…) ¿Qué hizo el ministro que podría haber parado la obra? Les puso una multa de 380 mil pesos. UPM la va a recurrir y el recurso se va a resolver de acá a un año y medio, así que capaz ni la pague”.
Escuche la entrevista completa de 970 Noticias Edición Central a Eduardo Lust, diputado de Cabildo Abierto y demandante en la causa contra exjerarcas por el contrato con UPM
