Entienden que el acuerdo genera «lesiones de los derechos humanos de vecinos y de la población en general».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) recibió la denuncia de organizaciones sociales uruguayas contra los acuerdos entre el gobierno y UPM para la instalación de una tercera planta de celulosa en el país. Estas organizaciones entienden que el acuerdo genera «lesiones de los derechos humanos de vecinos y de la población en general».
La denuncia la presentan vecinos de Durazno, 25 de mayo, Florida, Progreso, La Paz, Canelones, Peñarol, Sayago, Colón y el Municipio C de Montevideo, que se oponen al paso del tren de UPM por esas zonas densamente pobladas, junto con la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, el Movimiento por un Uruguay Sustentable, Redes AT de Uruguay y el Colectivo Ecofeminista Dafnias.
La denuncia presentada «se basa en las irregularidades cometidas por el estado uruguayo y UPM para instalar la planta de celulosa eludiendo las garantías del debido proceso, alterando los procedimientos de autorización ambiental, desconociendo la Constitución y las leyes protectoras de derechos humanos y medio ambiente y los tratados internacionales respectivos de los cuales es signatario Uruguay», exponen los denunciantes en un comunicado.
Las personas afectadas apelaron al derecho de petición ante el Poder Ejecutivo y el Parlamento para objetar el contrato firmado y han recurrido a las vías administrativa y judicial con el fin de impugnar los actos, pero no obtuvieron respuesta.
Las organizaciones firmantes solicitan a la Comisión la realización de una auditoría externa e independiente con el fin de evaluar el contrato y sus consecuencias potenciales sobre el ambiente y los derechos humanos, «así como para analizar lo que está ocurriendo actualmente en Uruguay en relación al proyecto de la multinacional finlandesa y el respeto de los derechos involucrados».
En el comunicado, los denunciantes recuerdan que esta denuncia se complementa con la presentada en febrero pasado al Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU por tres organizaciones sociales finlandesas sobre las consecuencias de las actividades de UPM en Uruguay y la eventual responsabilidad de Finlandia en la actuación de empresas multinacionales cuya sede central se encuentra en ese país.
En sus conclusiones, «el CDESC lamentó que Finlandia no tenga un marco normativo que obligue a las empresas bajo su jurisdicción a respetar los derechos humanos y expresó su preocupación por la falta de una evaluación completa sobre los impactos del proyecto de UPM en Uruguay. El Comité fijó un plazo de dos años para que Finlandia adopte un marco normativo sobre empresas y derechos humanos», recuerda el comunicado.
Foto: Gastón Britos / FocoUy
