La ONG entienden que el argumento del Ministerio del Interior no es válido, porque argumentan que le prohiben el ingreso por no tener convenio y la organización tiene dos.

El Ministerio del Interior le negó la entrada a la Organización No Gubernamental Nada Crece a la Sombra a los establecimientos carcelarios, argumentando que no iban a dejar ingresar a ningún tercero que no tuviera un convenio vigente con el Ministerio del Interior o el Instituto Nacional de Rehabilitación. La organización dirigida por Denisse Legrand sostiene que tienen dos convenios.

Uno de ellos, con Presidencia de la República, para poder hacer talleres educativos en cárceles por el que fueron transferidos 3.620.000 pesos el 23 de abril del 2021 «que permanecen pendientes de ejecución a la espera de que el Ministerio del Interior cumpla con las obligaciones que asumió en el convenio», expone el comunicado.

El segundo, el Plan de Salud Sexual y Reproductiva «que garantiza la atención ginecológica integral a todas las mujeres privadas de libertad del país. Este convenio firmado el 13 de julio de 2021 cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud Pública, ASSE, la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y el Sindicato Médico del Uruguay», definen. Además, agregan que es uno de los 12 puntos del “Plan Dignidad”, en el que plantean que es la “primera vez en la historia” y es “a partir de este acuerdo” que se brinda este derecho a las mujeres que están presas. 

Desde la organización entienden que la decisión del ministerio «omite y viola los convenios existentes entre la organización y la cartera», puesto que «en los convenios firmados, el Ministerio del Interior tiene como obligación permitir el ingreso a las unidades pentienciarias». También, expresan, hay una «irresponsabilidad respecto a la transferencia de fondos públicos que fueron destinados para llevar adelante un trabajo que ahora se quiere impedir hacer».

En otro orden, señalaron que esta decisión vulnera su derecho al trabajo y afecta una política penitenciaria de rehabilitación, yendo contra los derechos de las personas privadas de libertad. Exigen que se les comunique cómo se suplirá su trabajo y qué hacer con los fondos que Presidencia les transfirió para el trabajo. 

Foto: Mauricio Zina / FocoUy