En un comunicado, el ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aclara que la «Unión Europea (UE) ratifica el estatus de Uruguay como jurisdicción cooperante».
Siete puntos tiene el documento emitido por el MEF horas después de que trascendiera que la UE colocaba a Uruguay en la lista gris de países que no cumplían toda la normativa de prevención en el lavado de activos. El primero de ellos explica que «el ingreso de Uruguay a la categoría de Jurisdicción Cooperante responde a exigencias adicionales por parte del Grupo del Código de Conducta de la Unión Europea, que en ningún caso responden a modificaciones normativas implementadas desde 2020 a la fecha.» En ese período, actual gestión de gobierno, se aprobó la ley de urgente consideración, que según el Frente Amplio flexibilizó algunas normas de control fiscal.
El segundo punto del comunicado de la cartera económica indica que «no existe lista gris ni de ningún color en el marco de la Unión Europea. Lo que existe es una nómina de jurisdicciones no cooperantes, en la cual Uruguay no está y nunca estuvo incluido desde 2017 hasta ahora.»
Además, el MEF explica que el organismo Grupo Código de Conducta de la Unión Europea (COCG) informó en diciembre de 2019 que Uruguay sería evaluado por primera vez. La nómina inicial elaborada por ese grupo data de 2017, cuando Uruguay figuró como jurisdicción cooperante, «la misma categoría que ahora, -aclara el comunicado- con determinados compromisos asumidos ante la UE en materia de transparencia y justicia tributaria.»
Esa evaluación se realizó durante todo 2020, con consultas específicas sobre el sistema tributario y el régimen de imposición territorial. Tal evaluación derivó en la evaluación que, según el MEF, «reconoce que el cumplimiento ha sido total por parte de nuestro país en lo que respecta a estándares internacionales aceptados, así como en aspectos relacionados con transparencia fiscal.»
El último punto del comunicado del ministerio de Economía y Finanzas indica que, en una nota enviada por Uruguay a la Unión Europea, nuestro país «manifiesta el compromiso de ajustar nuevas exigencias realizadas para finales del año 2022, y reitera su voluntad de cooperar en temas de buena gobernanza tributaria.»
