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Virginia Romero y Daniel Alza, presidenta y vicepresidente de la Caja de Profesionales Universitarios (CJPPU) respectivamente, señalaron en la entrevista central de 970 Noticias, que al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, que debe ser votado antes del 27 de octubre, le faltan algunos elementos como por ejemplo, aumentar el costo de los timbres y además que el gobierno envie el dinero previsto en el 2023 y no en el 2025.
El proyecto de reforma incluye modificaciones en la tasa de aportes de los profesionales, otra parte que pagarán los pasivos y cambios paramétricos, entre otros. El Poder Ejecutivo aportará unos 52 millones de dólares para un período de entre 10 y 14 años y condiciona el desembolso a que aumente la tasa de aporte de los profesionales hasta llegar un máximo de 22,5.
Ante la consulta si ese porcentaje podrá ser absorbido por los afiliados, Romero dijo: “nosotros cuando hicimos todos los cálculos y los distintos escenarios, no pusimos el 19% porque se nos ocurrió un numero caprichoso, si no que fue una tasa máxima que pusimos para lograr el equilibrio con lo que nosotros planteábamos. Hicimos el ejercicio del 22,5 y la verdad es que no llegamos a números que fueran coherentes, porque consideramos que hoy para muchos profesionales, ya les es difícil asumir una tasa de 19, cuando menos las del 25,5”, indicó.
Romero y Alza señalaron que van a reunirse con las distintas bancadas parlamentarias porque “quedaron cosas que serían necesarias como el tema de los timbres. Dicen que es un costo que no paga la sociedad, es solo algo que paga un profesional”. Con respecto al aporte destinado por el gobierno, Romero dijo: “nuestra primera propuesta era 50 millones por año, desde el principio, porque en los primeros años no se va a ver el efecto”.
Señaló que tienen recursos hasta el primer trimestre del 2025, por eso la “urgencia” en la aprobación del proyecto por parte del Parlamento. Manifestaron su preocupación sobre si en el 2025 no se llegan a los números calculados por el Poder Ejecutivo: “no vemos en el anteproyecto que diga: nosotros el Estado va a asistir financieramente a la Caja, eso sería lo que estaría faltando”.
Con respecto a las críticas realizadas en 970 Noticias por el integrante del Colectivo Profesionales Independientes en defensa de la Caja Profesional, Sergio Bedrossian, donde señaló que el directorio “es una mafia y un club de amigos”, Alza dijo: “lo que dice no es cierto, no estoy de acuerdo, nosotros llegamos en el 2021 y nos pusieron para tomar resoluciones, sabíamos que no les iba a gustar a ninguno, pero acá de esto salimos todos juntos o no salimos y la manera mas equilibrada es que hagamos un esfuerzo»
