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Mientras el Gobierno anuncia refuerzos presupuestales para atender la situación de calle y la pobreza infantil, residenciales de adultos mayores denuncian una deuda superior a los 45 millones de pesos por parte del Mides y advierten que dejarán de recibir personas derivadas por la cartera.
A esto se suman reclamos salariales de trabajadores tercerizados, atrasos de hasta tres meses y denuncias de hacinamiento en refugios, en medio de la alerta roja decretada por el Ejecutivo
Los residenciales de adultos mayores rechazan recibir personas en situación de calle por una deuda del Mides que supera los 45 millones de pesos.
El presidente de la Asociación Integra de Residenciales, Sabino Montenegro confirmó a radio Universal que mantuvo una reunión con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social este jueves, y acordaron un plazo para el pago en los próximos 10 días.
Detalló que la cartera debe lo correspondiente a marzo, abril y los días que han pasado de mayo a casi un centenar de residenciales.
En diálogo con Punto de Encuentro, Montenegro lamentó la situación actual y explicó las condiciones en las que se encuentran los residenciales que tienen convenio con la fundación A Ganar, que es la organización a través de la cual se tiene el acuerdo con la cartera.
Añadió que el Mides le paga en el entorno de 75 mil pesos por mes a la fundación, por el trabajo de campo, que consiste en un estudio realizado por asistentes sociales a cada persona mayor a 65 años que está en situación de calle o tiene una vulnerabilidad muy grande, y analizan a qué institución se envía a la persona.
Montenegro entiende que ese trabajo lo pueden hacer los propios trabajadores sociales de los residenciales por lo cual se pueden ahorrar ese dinero o inclusive buscan que más personas puedan acceder a este servicio.
Montenegro indicó que se han mantenido reuniones con jerarcas de la cartera, inclusive mencionó su participación en el Diálogo Social, por lo que conversó con la directora de Cuidados del Mides, Susana Muñiz, quien le manifestó que está de acuerdo con el reclamo pero aclaró que todo es un entramado político.
Lamentó también las respuestas recibidas por parte de la Cartera en lo que refiere a este tema, pero no han obtenido contestación en cuanto al planteo de lo que entiende sería una mejora en el gasto.
Por otra parte, los trabajadores nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga), reclaman demoras crónicas en el cobro de sueldos, que asciende a dos y tres meses de atraso, salarios vacacionales y aguinaldos.
El atraso se genera cuando el Ministerio de Desarrollo Social demora la transferencia de partidas o cuando las fundaciones y ONG contratadas no rinden cuentas a tiempo, dejando a más de un millar de trabajadores afectados, que cobran entre 30 y 50 mil pesos por mes, dependiendo del escalafón en el que se encuentren, explicó a Punto de Encuentro el integrante del gremio, Sebastián Caraballo.
También exigió que se implemente un fideicomiso con un fondo de reserva o la “destercerización” de sus puestos, para evitar la incertidumbre mensual y que los funcionarios sean presupuestados.
Con la nueva administración, indicó que se endurecieron los controles pero reclaman más dinamismo en el pago, al tiempo que señaló que los problemas en el cobro de sus salarios se arrastran desde que se creó el Mides, pero con el cambio de Gobierno se agravó la situación, justamente por la rigurosidad de los controles.
Valoró Caraballo que los trabajadores continúan brindando sus servicios y cumpliendo con la labor a pesar del incumplimiento, y remarcó la importancia de la salud mental ante estas situaciones.
Recordemos que el Gobierno decretó una alerta pùblica de color rojo para personas en situación de calle, por lo cual el Mides destina trabajadores de diferentes organizaciones civiles para la atención de esta población en los refugios.
Caraballo denunció que las personas alojadas en estos centros se encuentran hacinadas, situación que según expresó les complica mucho la tarea.
Cabe destacar también que este jueves falleció una persona en situación de calle que se alojaba en un centro de evacuación dispuesto por el Sinae, tras sufrir un ataque cardíaco.
Por otra parte, se reforzarán recursos para políticas de infancia y situación de calle, confirmó este miércoles el Gobierno, luego del Consejo de Ministros donde se dieron a conocer los lineamientos de la próxima rendición de cuentas que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento a fines de junio.
El Ministerio de Desarrollo Social trabaja en nuevas definiciones presupuestales para programas vinculados a pobreza infantil y atención social. Según explicó el ministro Gonzalo Civila, ya se viene trabajando en estas áreas desde el presupuesto del año anterior, por lo cual ahora buscará “afianzar” el abastecimiento económico de las iniciativas destinadas a atender ambas problemáticas.VICTORIA Confirmó Civila la priorización a su cartera en este proyecto de ley y remarcó la importancia de cumplir con las metas fiscales.
La situación expone una fuerte contradicción entre las prioridades anunciadas por el Gobierno y las dificultades operativas que atraviesa el sistema de atención social. Residenciales desbordados, trabajadores precarizados y organizaciones civiles con problemas financieros conforman un escenario crítico para una cartera que enfrenta creciente presión política y social. Mientras el Mides promete más recursos y nuevas partidas presupuestales, los actores involucrados reclaman soluciones inmediatas para evitar que la emergencia social termine profundizando aún más la vulnerabilidad de quienes dependen del sistema.
Foto: Página oficial de Presidencia gub.uy
