El Senado comienza este martes la votación del proyecto de Rendición de Cuentas y en las negociaciones en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se acordó una reasignación de recursos del orden de los 25 millones de dólares, que se suman a los 20 millones de dólares de incremento en el plan de salud mental que vinieron desde el Ejecutivo.
A esos 25 millones se le sumaron 2 millones que serán destinados a la Universidad Tecnológica (UTEC). También se asignaron U$S 3.300.000 a salud, U$S 1.200.000 a Cultura, U$S 3.700.000 al Hospital de Clínicas, U$S 2.000.000 a la Justicia, U$S 1.100.000 a Turismo, U$S 1.000.000 al Tribunal de Cuentas, U$S 1.800.000 en planes de seguridad.
El acuerdo que mantuvo más tensionada la votación fue el solicitado por Cabildo Abierto y que tenía que ver con el aumento a los salarios más sumergidos de las Fuerzas Armadas. Finalmente se llegó a un acuerdo por U$S 10.000.000 para salarios militares que significarán un incremento para los salarios que van desde soldado hasta teniente Coronel.
Parte de este aumento será financiado por el Ministerio de Defensa, y esto generó un cruce entre el ministro Javier García y el diputado cabildante Álvaro Perrone. García dijo en entrevista con Telemundo «Toda la coalición ha llevado un compromiso que fue de campaña electoral y uno puede decir: compromiso que se cumplió», manifestó.
El diputado de Cabildo cruzó a García por twitter (X) y le respondió “Pero sí Cabildo no lo hubiera exigido nunca hubieran dado el aumento”.
Por este tema y en el marco de la votación, los estudiantes de las facultades de Ciencias Sociales, Comunicación y Psicología ocuparan a partir de las 11:00 los edificios en reclamo por más presupuesto para becas.
Según explican, si no se les asigna más recursos habrá carreras que se verán fuertemente afectadas. Además reclaman que en los últimos años ha aumentado la matrícula pero no así los docentes lo que genera superpoblación en los salones.
Por otra parte, se asignó presupuesto sin costo económico para el Estado, por ejemplo, penas de 3 a 12 meses de prisión a quienes no paguen pensión alimenticia, el pedido de la historia clínica obligatoria por la Justicia para otorgar prisión domiciliaria a un preso o un procesado y aumento de la mínima en la pena de homicidio posibilidad de tobilleras a los menores de edad (por juez).
