El senador del Partido Nacional, Sergio Botana, presentó un proyecto de Ley que busca asegurar un pago justo y la reabsorción laboral de los exfuncionarios de Casa de Galicia, tras su cierre el 23 de diciembre de 2021.
El cierre de la mutualista dejó deudas impagas a trabajadores médicos y no médicos por sueldos, jornales, licencias e indemnizaciones. Por tal motivo los trabajadores reclaman el monto de 42 millones de dólares. El proyecto que maneja el gobierno habla de 8 millones de dólares.
En su exposición de motivos Botana sostiene que el proyecto procura dar una “respuesta concreta, justa y particular para este colectivo de extrabajadores respecto a los créditos laborales insatisfechos, que como consecuencia del
cierre de la Institución, no pudieron ser saldados con el resultado del proceso concursal”.
Según el texto “de acuerdo con los datos del Poder Ejecutivo existen 2.036 extrabajadores con créditos laborales post concúrsales contra la ex institución de asistencia médica colectiva Casa de Galicia”.
“El presente proyecto de ley, que presentamos a consideración tiene como finalidad instrumentar un mecanismo para que los ex trabajadores de casa de Galicia se reinserten laboralmente y puedan percibir las prestaciones que por derecho le corresponden”, indica lo presentado por Botana.
Para el legislador, los trabajadores de la mutualista no tienen porque pagar las disputas empresariales.
“Hay que respetar al trabajador. Al de la FUS (Federación Uruguaya de la Salud) y al que no lo es. Si el Estado provocó el quiebre de Casa de Galicia, el Estado se debe hacer responsable del empleo y de los costos”, dijo Botana.
En su artículo 1º faculta al MSP a aplicar las sanciones que puedan corresponder a los prestadores de salud que incumplan con las disposiciones citadas.
Además en su artículo 2º obliga al Estado a pagar la totalidad de lo adeudado en un plazo de 18 meses, mientras que en su articulo 3º obliga a ASSE a contratar a aquellos trabajadores que no fueron reabsorbidos por las demás mutualistas y continúan sin trabajo. “Dichas contrataciones deberán ser concretadas en un plazo máximo de 60 días, a partir de la promulgación de la presente ley”, señala el texto.
