Escuche la columna Alfiles y peones de Pablo Fernandez aquí:
Hoy los invito a ubicarnos en el Uruguay de 1869. Un año antes se inauguró el Cementerio del Cerro. El parlamento votaba el primer Código Civil y poco después el primer Código de Minería del país. Cierran los bancos Mauá y los bancos Montevideo.
Se inician las obras del hoy conocido Dique Mauá. Y ese año se pavimentaron unas 153 cuadras en Montevideo lo que para ese entonces era todo un récord.
Pero había un descontento social tan grande que las murgas, en esa época de derecha, pues la izquierda no picaba, tenían unos repertorios enfurecidos contra el gobierno.
Uno de los conjuntos fue hasta la casa del presidente del momento, a entonarle unas estrofas un tanto insultantes, lo que ese día despertó la furia del hijo del mandatario. Un joven de 14 años. Un tal José Pablo Torcuato Batlle y Ordóñez, hijo del presidente Lorenzo Batlle.
La calentura del muchacho era tal que quería salir a callar a la troupe de murguistas que, según él, injuriaban a su padre.
Y ahí su padre le dio una lección que creo, fue una lección, que quedó en los genes de los Batlles.
“Hijo, esta es una fiesta popular. Cuando estos hombres llegan a mi puerta a cantar estas cosas proclaman, sin quererlo, que ahora tienen lo que no tenían: libertad. Cuanto más me critican, mayor homenaje le rinden a mi conducta de gobernante y más grande es la satisfacción que me da escucharlos”.
El muchacho lo interrumpe preguntándole: “¿Es justo acaso que digan de ti tantas cosas y que yo lo tolere?”.
El padre continúa: “Es justo que ellos digan hasta la injusticia. Teme la crítica quién teme ocultas culpas. A veces puede salir la verdad de una canción de enmascarados. Hay criaturas que se sienten libres solo en Carnaval, bajo la careta. A ellos llega especialmente mi amparo, para que se acostumbren a ser libres todos los días del año”.
A nadie le gusta que lo insulten. Pero Uruguay, no solo el lunes en el Cerro, en varios momentos, y en varios gobiernos, tiene que sacarse el cartel que es un país libre donde cualquier ciudadano puede increpar, insultar y putear al presidente sin entrar en el agravio físico sin que pase nada. Sin cometer el delito de una amenaza.
Porque si eso pasa, quiere decir que la democracia está viva, y las instituciones funcionan. Esta es la mejor demostración de que lo que se está viviendo es una crisis política y no una crisis institucional.
Ahora, ¿Esto pasó solo en el gobierno de Lacalle Pou? No. Pasó en todos los gobiernos y en igual, o mayor magnitud. No todos los gobiernos consiguen registros por obvias razones. Pero vamos a ir analizando diferentes mandatos.
